Bruselas, 23 may (EFE).- La Unión Europea (UE) informó hoy de que en 2012 rescató 94,5 millones de euros en operaciones antifraude gracias a las recomendaciones judiciales de la Oficina Europea contra el Fraude (Olaf).
De ese total, 33,9 millones de euros procedieron de casos de fraude y corrupción en aduanas; 33,4 millones estuvieron vinculados a fondos estructurales; 14,3 millones, a subvenciones agrícolas, y 12,8 millones, a ayuda exterior, entre otras partidas.
"El fraude supone una pérdida enorme de ingresos", aseguró el director general de Olaf, Giovanni Kessler, en la presentación del informe anual de esta institución, al tiempo que destacó que la batalla se encuentra en la actualidad sobre todo en las fronteras de los países del Este de la Unión, como Polonia.
La cifra efectivamente recuperada en 2012 (94,5 millones) difiere mucho de la del año anterior (691 millones), pero la Olaf explicó que ambas no son comparables, pues en 2011 se batieron todos los récord por la inclusión en las cuentas de un caso de 300 millones de euros que se cerró en Italia después de años de investigación.
Kessler aclaró además que la oficina antifraude comunitaria no es la encargada en primera persona de recuperar ese dinero, sino que su labor se limita a formular recomendaciones judiciales a las autoridades competentes a partir de investigaciones en profundidad.
Sólo en 2012, la Olaf planteó recomendaciones por valor de 284 millones de euros, pero habrá que esperar probablemente años para ver qué cantidad se recupera en la práctica, ya que en algunos casos resulta imposible, consideró Kessler.
Dentro de las recomendaciones judiciales de la Olaf en 2012, tres afectan a España, pero la institución rehusó concretar más detalles acerca de estos casos por el momento.
"Hemos dejado de facilitar datos por países porque dan lugar a informaciones engañosas", incidió Kessler, quien consideró que no tiene sentido hacer clasificaciones de países por índices de fraude, entre otras cosas, porque muchos de los casos que abordan tienen un carácter "europeo" y totalmente transfronterizo.
La única información por Estado miembro que incluye Olaf en su informe tiene que ver con el número de recomendaciones judiciales: Rumanía (13), Bélgica y Bulgaria (6 cada uno), Italia y Luxemburgo (5); España (3); Malta, Holanda y el Reino Unido (2); y Austria, Chipre, República Checa, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Letonia y Eslovaquia (1).
La Olaf destacó, por otro lado, que cada vez se reciben más denuncias sobre casos sospechosos de fraude de fuentes privadas, hasta el punto de que en 2012 los avisos sumaron 889, frente a los 375 de origen público.
También bromeó con que "Alemania es su mayor fan", seguida de Italia, pues explicó que los dos países son los que más denuncias presentaron (76 y 58, respectivamente).
España se situó en quinto lugar en el número de avisos tras Bulgaria y Rumanía, con 33 casos denunciados (7 de fuentes públicas y 26 de origen privado).
Kessler dedicó una buena parte de la rueda de prensa a defenderse de las acusaciones vertidas sobre la Olaf por haber supuestamente trascendido su ámbito de actuación al utilizar escuchas telefónicas en la investigación que costó el cargo al excomisario europeo de Sanidad y Consumo John Dalli.
"El comité de supervisión que revisa el trabajo de Olaf concluyó que no habíamos realizado una investigación legal lo suficientemente profunda, algo que finalmente hicimos, pero jamás habló de actos ilegales como publicaron varios periódicos", sostuvo.
"Se ha dado una información totalmente falsa y calumniosa al decir que habíamos incluido pruebas falsas en nuestro informe", agregó.
Subrayó que las escuchas no fueron utilizadas ni tuvieron un impacto en la conclusión de la investigación.
Kessler animó a que las personas que se consideren perjudicadas por la actuación de la Olaf acudan a los tribunales y afirmó que la institución responderá si los jueces deciden que se ha desempeñado alguna actividad ilegal.
Sobre su posible dimisión si la justicia dicta sentencia en su contra, Kessler fue tajante y dijo que si hubiera falsificado un informe "no tendría que dimitir sino que ir a la cárcel porque es un delito". EFE
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