Nueva York, 14 may (EFE).- Residential Capital, la unidad hipotecaria de Ally Financial, el antiguo brazo financiero de General Motors, inició hoy los trámites para acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Bancarrotas de Estados Unidos.
"El paso dado por Residential Capital permitirá a Ally alcanzar una solución a los riesgos de su legado hipotecario y dejar atrás este asunto", afirmó el consejero delegado de la entidad financiera, Michael Carpenter, en un comunicado de prensa.
El máximo responsable de Ally Financial añadió que esta decisión, y la búsqueda de nuevos negocios en el exterior, permitirá a la empresa concentrar todas sus energías en su división de financiación para la compra de vehículos y banca directa en Estados Unidos.
La firma, que anunció así la apertura de un proceso para explorar "alternativas estratégicas" para sus operaciones internacionales, espera con estos movimientos estar mejor posicionada para devolver a los contribuyentes parte del rescate financiero de 2009.
Residential Capital anunció también que en el marco de su suspensión de pagos ha llegado a acuerdos con algunos de sus principales acreedores, incluido Ally Financial, sobre los términos de un plan para salir de la bancarrota.
Ally Financial es uno de los cuatro bancos de Estados Unidos que no pasó las "pruebas de estrés" realizadas el pasado mes de marzo por la Reserva Federal (Fed) a 19 entidades ante un escenario de crisis financiera extrema.
Un mes antes, en febrero, la Fed había anunciado una multa de 207 millones de dólares al antiguo brazo financiero de General Motors por malas prácticas hipotecarias en la concesión de préstamos y en el procesamiento de ejecuciones hipotecarias.
En 2006 General Motors vendió al fondo de inversiones Cerberus, entonces propietario del Grupo Chrysler, una participación mayoritaria en su brazo financiero, GMAC.
En la crisis económica de 2008, GMAC tuvo que ser rescatada por las autoridades con la inyección de 17.200 millones de dólares, por lo que se transformó en una entidad bancaria y cambió su nombre al de Ally Financial, controlada en un 74 % por el Gobierno. EFE