Por Andrés González
MADRID (Reuters) - Los cambios en el código penal y las recientes sentencias que abren la puerta a la imputación de empresas por la vía penal están llevando a las multinacionales a potenciar sus departamentos de cumplimiento normativo para garantizar el buen hacer corporativo.
Los programas de 'compliance' o cumplimiento normativo han pasado de ser una preocupación y obligación casi exclusiva del sector financiero a ser un asunto que ya atañe a las grandes compañías, un paso previo a expandirse al resto del tejido industrial español.
"Ayer se ha dictado otra sentencia que entiende que la modificación del código penal aproxima a un entendimiento mucho más autónomo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas", explicó el jueves la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, en el marco del Congreso Internacional de Compliance organizado por Thomson Reuters y Abertis (MC:ABE).
"La polémica está servida", agregó.
Aunque tener una estructura o una división dedicada a velar por la ética no exonera directamente de hipotéticas responsabilidades penales, sí es considerado una suerte de atenuante en un proceso judicial.
Ante esta situación, las grandes compañías destinan cada vez más fondos a potenciar sus divisiones de cumplimiento, aunque los expertos consideran todavía difícil que pequeñas empresas adopten estos procesos por su alto coste en recursos y personal.
"Como cotizadas ya estábamos acostumbradas a procesos, a una forma de informar al mercado muy concreta, pero es cuando se modifica el código penal y ya se empieza a hablar de la responsabilidad penal de la empresa cuando el tema explosiona en España", explica Marta Casas, General Counsel de Abertis.
"Calará (en las empresas más pequeñas) en la medida en que haya más sentencias condenatorias", agregó.
En el Reino Unido, el concepto del 'compliance' está muy extendido y la obsesión por la responsabilidad penal de los actos en el marco de la organización está provocando una especie de revolución, llevando incluso a que algunos empleados en el sector bancario declinen asumir funciones de alta dirección o que grandes figuras minimicen sus atribuciones.
"La exigencia de responsabilidad penal tiene que ser mayor cuando se trata de los delitos cometidos por los directivos", explicó la fiscal general.