Madrid, 7 dic (.).- Las oficinas bancarias siguieron cerrando en España el año pasado, sobre todo en los municipios con menos habitantes, aunque esto se vio compensado, en parte, con el incremento de los canales alternativos para acceder a los servicios financieros, entre ellos las oficinas móviles.
Esta es una de las principales conclusiones de un informe publicado este jueves por el Banco de España, que añade que gracias a estas alternativas, el número de pueblos que cerraron 2022 sin contar con ningún punto de acceso presencial a estos servicios se redujo a 167, lo que representa un 2,1 % del total de los municipios y un 0,13 % de la población española.
Esta reducción fue el resultado de la implantación, a lo largo de 2022, de al menos un punto de acceso presencial a los servicios bancarios en 223 municipios que no lo tenían en 2021, de los cuales 179 tienen menos de 500 habitantes.
Por el contrario, 56 municipios -49 de ellos de menos de 500 habitantes- vieron desaparecer en 2022 el único punto de acceso presencial a la operativa bancaria que tenían.
El porcentaje de municipios sin ningún punto de acceso presencial a los servicios bancarios se redujo en mayor medida que en el caso de otros servicios, tanto públicos (atención sanitaria y farmacias) como privados (comercios y bares).
De acuerdo con la última edición del Estudio sobre Hábitos en el Uso del Efectivo (EHUE), con datos recogidos entre marzo y mayo de 2023, la utilización de los canales alternativos a las oficinas (agentes financieros, ofibuses, cashback y Correos Cash) es aún minoritaria, tanto en el caso de las personas mayores como en el de los habitantes de municipios sin oficina estable
Asimismo, los encuestados perciben que a lo largo de 2022 se habría producido un incremento "apreciable" de la distancia hasta el punto de acceso al efectivo habitual más cercano.
Y en cuanto al tipo de punto de acceso presencial más utilizado entre los municipios que ganaron cobertura entre 2021 y 2022, en torno al 60 % de los pequeños lo lograron gracias a las oficinas móviles y alrededor del 66 % de los pueblos más grandes incrementaron su acceso a través de cajeros o agentes financieros.
A pesar de la caída en el número de oficinas bancarias, el número total de puntos de acceso a los servicios bancarios en los municipios más pequeños aumentó un 12,9 % a lo largo de 2022.
Este incremento se debió, principalmente, a las oficinas móviles, que crecieron un 34,2 %, hasta alcanzar las 502; así como a los agentes financieros, que aumentaron un 36,8 %, hasta sumar 130, y a los cajeros automáticos, que rozaron los 500 tras crecer un 17,5 %.
En los municipios con más de 500 habitantes el cierre de oficinas fue menor que en los pueblos con menos población, pero aún así la cifra bajó un 7,1 %, mientras que los medios alternativos de acceso crecieron mucho menos, un 1,1 %.
El número de oficinas bancarias se redujo en España un 7,2 % entre 2021 y 2022 y quedó en 17.648, mientras que los puntos de acceso a los servicios bancarios mediante canales alternativos aumentó un 1,6 % en ese período, hasta alcanzar los 50.672.
En este sentido, los agentes financieros y las oficinas móviles (ofibuses) habrían experimentado los mayores incrementos entre 2021 y 2022.
En concreto, el número de puntos de acceso ofrecidos por agentes financieros aumentó un 34,4 %, desde los 1.710 en 2021 hasta los 2.299 en 2022, mientras que los ofrecidos por ofibuses aumentaron un 28,4% —de 613 a 787—.
En todo caso, si se tienen en cuenta tanto las oficinas bancarias como los canales alternativos, entre 2021 y 2022 se registró una caída del 0,8 % en el número total de puntos de acceso presencial a los servicios bancarios en España.
El informe actualiza los datos del Protocolo estratégico para reforzar el compromiso social y sostenible de la banca, firmado en febrero de 2022 por las principales patronales del sector financiero español, AEB (banca), CECA (bancos formados por antiguas cajas) y UNACC (cajas rurales).
En él se comprometían a adoptar una serie de medidas concretas para tratar de atender las necesidades de la población que reside en zonas rurales, así como las de las personas mayores, las personas con discapacidad y en general de quienes están en riesgo de exclusión financiera.