Barcelona, 15 nov (.).- Las patronales Foment del Treball y Pimec han clamado este lunes contra el decreto ley del Gobierno de medidas para la emergencia climática y las energías renovables porque, a su juicio, pone en peligro este tipo de proyectos, y han exigido más "eficiencia" en el camino de la transición energética.
Las dos organizaciones han firmado un manifiesto que recoge estas preocupaciones y que se ha hecho público esta mañana en el marco de un debate sobre las renovables organizado en el Col.legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.
El manifiesto señala que el importe de las inversiones que Cataluña necesitará para que toda la energía final sea el 40 % renovable en 2030 es "una cifra inmensa", de cerca de 125.000 millones de euros hasta esa fecha y de 300.000 millones hasta 2050, lo que obliga a la colaboración entre el sector público y el privado.
El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha asegurado que este acto representa "una enmienda a la totalidad" al nuevo decreto de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso de las energías renovables.
A su juicio, este decreto es "una moratoria de facto" que genera "inseguridad jurídica" y que "pone en peligro la viabilidad financiera de los proyectos en tramitación", ya que pueda desincentivar a futuros inversores.
Por su parte, el president de Pimec, Antoni Cañete, ha asegurado que el decreto ley "ha parado" la dinámica de las energías renovables en Cataluña, por lo que será "difícil" cumplir los objetivos europeos de reducción de emisiones de CO2 hasta el 2030 (de un 50 %) y libre de ellas en 2050.
Cañete ha instado a ganar "soberanía energética" de cara al futuro y a contar con una "regulación inteligente" de las renovables, "que cuente con un amplio consenso político y el concurso de las organizaciones empresariales".
El vicedecano del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya y presidente de la Associació d'Enginyers Industrials, Jordi Renom, ha celebrado el acto de hoy y ha pedido "diálogo" y "capacidad de liderazgo" para avanzar en el uso de las renovables.
La presidenta de la comisión de energía de Foment del Treball, Virginia Guinda, ha advertido, por su parte, que el programa de reducción de emisiones de CO2 tendrá un impacto sobre la economía catalana que se medirá en "una pérdida notable de actividad, de poder adquisitivo y de puestos de trabajo".
En concreto, ha augurado un coste de unos 2.400 millones de euros anuales de media, lo que supone "cerca de 300 euros anuales para cada catalán y unos 900 euros por familia".