Madrid, 24 ene (.).- La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) y la Asociación de Cargadores de España (ACE) han pedido hoy la intervención del Gobierno para que Ejecutivo francés garantice la integridad física de los transportistas españoles y la libre circulación de sus mercancías.
Esta petición, hecha hoy por carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se produce tras los disturbios y los cortes de carreteras que se están produciendo en los últimos días en el país vecino debido a las movilizaciones sociales protagonizadas por agricultores que protestan por sus condiciones laborales.
En una nota de prensa, ambas patronales recuerdan que Francia es el principal destino de las exportaciones españolas por carretera, con un 41,51 % del total, y que cada día cruzan la frontera gala cerca de 10.000 camiones españoles.
"Entendemos y respetamos el derecho de los ciudadanos a expresar sus opiniones y manifestarse pacíficamente. Sin embargo, la persistencia y la intensificación de los cortes de carreteras en territorio francés están teniendo un impacto significativo en el transporte y las operaciones de las empresas españolas", explica ACE.
Esta situación, añade, "no solo genera retrasos y pérdidas económicas, sino que también pone en riesgo la seguridad de nuestros conductores y la integridad de nuestras operaciones".
Las protestas de los agricultores franceses comenzaron hace seis días con marchas lentas y el bloqueo de varias carreteras de la región de Toulouse, cuya circulación está interrumpida desde el pasado jueves, y se han ido extendiendo por otros puntos del país.
Entre otras cosas, los agricultores piden al Gobierno galo que mantenga las exenciones fiscales para el gasóleo agrícola, la reducción de la burocracia y de los controles a los que están sometidos.
También exigen cambios en las políticas europeas para impedir las importaciones de alimentos con ventajas competitivas en la producción porque, por ejemplo, las reglas medioambientales o sanitarias son mucho más estrictas en la UE.
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