Londres, 8 may (EFE).- La reforma de las pensiones y las ayudas fiscales a las pequeñas y medianas empresas (pymes) son las prioridades económicas del Gobierno de David Cameron para este curso legislativo, según anunció hoy la reina Isabel II en la apertura oficial del Parlamento del Reino Unido.
En su tradicional discurso, la soberana, de 87 años, enumeró la legislación que el Gobierno de coalición entre conservadores y liberaldemócratas prevé ejecutar hasta mayo de 2014, en total trece proyectos de ley y dos borradores.
Como se esperaba, el paquete legislativo no incluye ningún gran anuncio de política económica, ya que se reserva para el 26 de junio cuando el ministro de Economía, George Osborne, dé a conocer su informe anual de revisión del gasto, que se anticipa cargado de nuevos recortes.
En cuanto al discurso de hoy -escrito por el Ejecutivo-, la reina Isabel II señaló que el principal objetivo del equipo de Cameron es "fomentar la competitividad de la economía británica", para construir una economía que "recompense a la gente que trabaja duro".
Con ese fin, el Gobierno continuará con "la reforma del sistema de subsidios sociales para ayudar a los ciudadanos a pasar de la dependencia del Estado al trabajo", indicó.
También en la línea de recortar el gasto público, la prioridad para este curso legislativo será la ley de pensiones, que a partir de 2016 establecerá una pensión universal de 144 libras por semana (170 euros) tras 35 años de cotización.
Esta ley fijará también en 67 años la edad mínima de jubilación desde 2026, con capacidad para subirla según mejoren las expectativas de vida.
Se suprimirá el derecho de las personas casadas a solicitar una pensión en base al historial laboral de la pareja y se descontará automáticamente del sueldo de los empleados una contribución a la pensión, salvo que elijan expresamente no hacerlo.
Sobre las ayudas a las pymes, la reina anunció una ley para eximir desde abril de 2014 a las empresas de menos de 250 empleados de pagar hasta 2.000 libras (2.360 euros) en concepto de cotización a la seguridad social de sus empleados.
Se calcula que 1,25 millones de empresarios se beneficiarán del descuento, mientras que unos 450.000 se librarán totalmente de cotizar.
Paralelamente, se introducirá la ley de desregulación, destinada a eliminar las trabas administrativas, como por ejemplo en relación a la seguridad e higiene en el trabajo, que, según el Gobierno, obstaculizan el crecimiento económico.
Además, precisó la soberana, se reducirán las competencias de los tribunales laborales y se sentarán las bases para el establecimiento en Londres de parte del nuevo tribunal europeo de patentes, lo que se calcula reportará a la economía británica unos 200 millones de libras (236 millones de euros) anuales.
Como gran proyecto de infraestructuras, el Gobierno legislará para apuntalar la construcción del polémico tren de alta velocidad HS2, al que se opone buena parte de la población y que costará unos 33.000 millones de libras (39.000 millones de euros).
Pese a estas medidas económicas, lo más llamativo de los proyectos legislativos anunciados hoy es el énfasis en restringir la inmigración y el acceso de los inmigrantes a los servicios sociales, lo que se ha interpretado como una reacción del Gobierno al avance del euroescéptico y derechista partido UKIP en unas recientes elecciones municipales.
Sobre el futuro de la economía, los planes del Ejecutivo se conocerán con más detalle en junio, si bien no se esperan grandes cambios en la actual política de austeridad, a pesar de la falta de crecimiento económico significativo. EFE
En su tradicional discurso, la soberana, de 87 años, enumeró la legislación que el Gobierno de coalición entre conservadores y liberaldemócratas prevé ejecutar hasta mayo de 2014, en total trece proyectos de ley y dos borradores.
Como se esperaba, el paquete legislativo no incluye ningún gran anuncio de política económica, ya que se reserva para el 26 de junio cuando el ministro de Economía, George Osborne, dé a conocer su informe anual de revisión del gasto, que se anticipa cargado de nuevos recortes.
En cuanto al discurso de hoy -escrito por el Ejecutivo-, la reina Isabel II señaló que el principal objetivo del equipo de Cameron es "fomentar la competitividad de la economía británica", para construir una economía que "recompense a la gente que trabaja duro".
Con ese fin, el Gobierno continuará con "la reforma del sistema de subsidios sociales para ayudar a los ciudadanos a pasar de la dependencia del Estado al trabajo", indicó.
También en la línea de recortar el gasto público, la prioridad para este curso legislativo será la ley de pensiones, que a partir de 2016 establecerá una pensión universal de 144 libras por semana (170 euros) tras 35 años de cotización.
Esta ley fijará también en 67 años la edad mínima de jubilación desde 2026, con capacidad para subirla según mejoren las expectativas de vida.
Se suprimirá el derecho de las personas casadas a solicitar una pensión en base al historial laboral de la pareja y se descontará automáticamente del sueldo de los empleados una contribución a la pensión, salvo que elijan expresamente no hacerlo.
Sobre las ayudas a las pymes, la reina anunció una ley para eximir desde abril de 2014 a las empresas de menos de 250 empleados de pagar hasta 2.000 libras (2.360 euros) en concepto de cotización a la seguridad social de sus empleados.
Se calcula que 1,25 millones de empresarios se beneficiarán del descuento, mientras que unos 450.000 se librarán totalmente de cotizar.
Paralelamente, se introducirá la ley de desregulación, destinada a eliminar las trabas administrativas, como por ejemplo en relación a la seguridad e higiene en el trabajo, que, según el Gobierno, obstaculizan el crecimiento económico.
Además, precisó la soberana, se reducirán las competencias de los tribunales laborales y se sentarán las bases para el establecimiento en Londres de parte del nuevo tribunal europeo de patentes, lo que se calcula reportará a la economía británica unos 200 millones de libras (236 millones de euros) anuales.
Como gran proyecto de infraestructuras, el Gobierno legislará para apuntalar la construcción del polémico tren de alta velocidad HS2, al que se opone buena parte de la población y que costará unos 33.000 millones de libras (39.000 millones de euros).
Pese a estas medidas económicas, lo más llamativo de los proyectos legislativos anunciados hoy es el énfasis en restringir la inmigración y el acceso de los inmigrantes a los servicios sociales, lo que se ha interpretado como una reacción del Gobierno al avance del euroescéptico y derechista partido UKIP en unas recientes elecciones municipales.
Sobre el futuro de la economía, los planes del Ejecutivo se conocerán con más detalle en junio, si bien no se esperan grandes cambios en la actual política de austeridad, a pesar de la falta de crecimiento económico significativo. EFE