Riga (Letonia), 5 abr (.).- Las autoridades de Letonia han congelado bienes por valor de 100 millones de euros en relación con las sanciones internacionales contra Rusia, informó este martes el ministro letón de Justicia, Janis Bordans.
Hasta la fecha, la República báltica ha identificado 53 bienes inmuebles, 66 vehículos motorizados, 11 tractores, un helicóptero y un rebaño de ganado que caen bajo las sanciones impuestas por la guerra de Ucrania, informó Bordans en un encuentro con la prensa.
Esto quiere decir que los propietarios no podrán por el momento usar o vender estas propiedades, pero éstos todavía no han sido confiscados, precisó, y agregó que la búsqueda de bienes sometidos a sanciones continúa.
El ministro subrayó que se trata sólo del inicio de las tareas de inventariado y que el valor de los bienes sometidos a sanciones irá en aumento, según las autoridades letonas vayan documentando las cadenas de propiedad.
Por el momento, los inmuebles constituyen el principal grupo de bienes congelados y entre ellos se cuentan apartamentos, edificios comerciales y terrenos, cuyo precio se calculó en base al catastro o a las declaraciones de impuestos, por lo que su valor de mercado podría ser mucho mayor.
De acuerdo con las listas elaboradas por las autoridades, el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, figuran como "controladores" de propiedades en el complejo turístico de Jurmala, cerca de Riga.
El oligarca ruso Piotr Aven también aparece como propietario de varios edificios y vehículos en Letonia.
Aven obtuvo la ciudadanía letona en 2016 por sus actividades caritativas que beneficiaron a un hospital letón y recibió varios galardones por ello, que le fueron retirados después de que Rusia invadiera Ucrania el pasado 24 de febrero.
El oligarca hizo fortuna en el mundo de las finanzas como presidente de Alfa (MX:ALFAA) Bank, entre otros, y en el ramo de las telecomunicaciones, y a principios de la década de 1990 fue viceministro de Exteriores de Rusia.
En Letonia existen un gran número de propiedades y empresas en manos rusas debido a su generoso programa de permisos de residencia -válidos, por extensión, para el resto de la Unión Europea- para ciudadanos de terceros países que invierten varios cientos de miles de euros en bienes inmobiliarios o empresas.
El Gobierno puso fin al programa hace algunos años después de que éste fuera criticado por atraer a ciudadanos rusos de gran poder adquisitivo, cuyas compras de segundas residencias incrementaron los precios en el mercado inmobiliario.