Libia, un país en construcción

Noelia López

Trípoli, 17 dic (EFE).- Más de un año después de la caída del régimen de Muamar el Gadafi y con un Gobierno que da sus primeros pasos tras las elecciones legislativas celebradas en julio, Libia planea importantes proyectos de infraestructuras en los que han puesto sus ojos el Gobierno y las empresas españolas.

Mientras la economía española continúa en recesión y el sector de la construcción sigue sin levantar cabeza, se espera que este año Libia registre un superávit del 36 por ciento del PIB gracias a los ingresos que le reportan sus ingentes reservas de petróleo, aunque el país presenta todavía graves problemas de seguridad.

"Necesitamos estar presentes ahora si queremos participar en el futuro", ha advertido el embajador español en Libia, José Riera, a la quincena de empresarios que han viajado al país junto a los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y la de Fomento, Ana Pastor.

La rebelión popular armada que comenzó en febrero de 2011 y la lucha contra el régimen de Gadafi hizo que la economía se contrajera ese año un 61 por ciento, pero se prevé que en este ejercicio crezca alrededor del 90 por ciento, el 17 por ciento en 2013 y un 10 por ciento de media a lo largo del próximo lustro.

El presupuesto aprobado para este año es de 54.800 millones de dólares, el mayor de su historia, y está centrado en los trabajos de reconstrucción y en los gastos sociales derivados del conflicto.

El Gobierno, que estará en el poder 18 meses, hasta la aprobación de la nueva Constitución, tiene en mente ampliar y mejorar las pobres infraestructuras existentes y reconstruir las destruidas durante la contienda, pero también debe revisar los contratos suscritos por el anterior régimen dictatorial.

El consejero comercial de la Embajada española, José Luis García Tapia, no esconde que, además de la inseguridad personal -todavía hay milicias armadas en el país y el Gobierno no controla la totalidad del territorio-, es indudable la inseguridad jurídica.

Un comité anticorrupción está analizando todos los contratos cerrados por Gadafi -valorados en 9.500 millones de euros- y el Gobierno español ha acordado crear un comité mixto con el libio para estudiar todos los casos que afectan a empresas españolas.

Compañías como Repsol, que produce unos 330.000 barriles de petróleo diarios en el país, llevan años en Libia, y otras quieren instalarse ahora, aunque las primeras leyes aprobadas para la inversión extranjera -que exigen una mayoría de accionariado libio- no facilita sus aspiraciones, según fuentes diplomáticas.

Entre los proyectos más interesantes para las compañías españolas está la ampliación del aeropuerto de Trípoli, la línea férrea costera o el anillo de circunvalación de la capital, pero la ministra de Fomento ha apuntado también a otras grandes obras públicas y a los planes para construir 900.000 nuevas viviendas.

España, destaca Fomento, cuenta con empresas punteras y, en estos momentos, claramente escasas de carga de trabajo. Participar en esos programas arrastraría además a otras muchas firmas afectadas por el estallido de la burbuja inmobiliaria, como los fabricantes de muebles, sanitarios, cerámicas y azulejos -muy apreciados en Libia-, ladrillos, puertas o ventanas.

El objetivo sería lograr en Libia lo que conseguido en Argelia, cuyo Gobierno, con la mediación el Ministerio de Fomento, ha asignado de forma directa la construcción de 50.000 viviendas a empresas españolas a través de sociedades mixtas, sin licitaciones internacionales.

Hasta Trípoli han viajado responsables de Repsol, Indra, Gas Natural, Grupo Cobra, Abengoa, Asfibe, Sacyr-Vallehermoso, Aries Ingeniería y Sistemas, Grupo Puentes y Calzadas, Idom, Sercobe, Rover Alcisa, Ingecons y Anci.

Sufragar las importantes infraestructuras que programa no será un problema para Libia, ya que, según fuentes diplomáticas españolas, se estima que sus reservas llegarán a final de año a los 130.000 millones de euros, a los que se suman los 74.000 millones que posee uno de sus fondos soberanos. EFE