Lisboa, 17 may (EFE).- Los afectados por la quiebra del banco portugués Banif (LS:BANIF) anunciaron hoy que preparan una demanda contra la Comisión Europea (CE) por su supuesta responsabilidad en el colapso de la entidad y contra el canal de televisión portugués TVI por negligencia en la transmisión de una información.
La Asociación de los Afectados del Banif (ALBOA, por sus siglas en portugués) compareció hoy en la comisión parlamentaria de investigación sobre la quiebra del banco.
Su presidente, Jacinto José Brito da Silva, adelantó ante los diputados las acciones judiciales que prepara.
"Iremos contra la Comisión Europea, porque tenemos indicios suficientes de su responsabilidad (en el colapso). En las próximas semanas, pondremos en marcha una acción contra la TVI, por negligencia", manifestó Brito da Silva.
El portavoz de la ALBOA aludió a las estrictas reglas del Ejecutivo comunitario para el caso de Banif, lo que, en su opinión, pudo condicionar negativamente el proceso de rescate y venta de la entidad lusa al Santander (MC:SAN).
En anteriores comparecencias en la comisión parlamentaria, el propio Gobierno luso y el Banco de Portugal (BdP) dieron a entender que el papel de la CE precipitó el rescate de Banif, que ha costado unos 3.000 millones de euros a los contribuyentes.
La acción judicial que anunció Brito da Silva contra la televisión TVI se debe a la divulgación de una noticia.
El canal TVI 24 horas anunció el domingo 15 de diciembre por la noche la intervención del Banif y originó en los días posteriores una fuga de depósitos de 960 millones de euros (16 % del total).
La noticia fue más tarde matizada por el canal, que incluso pidió disculpas.
Cinco días más tarde, el 20, el Banco de Portugal optó por rescatar la entidad, dividiéndola en tres partes y vendiendo la saneada al Santander a cambio de 150 millones de euros.
El último Consejo de Administración del banco Banif emprendió acciones legales contra el canal TVI.
La Asociación de los Afectados del Banif avisó además que organizará manifestaciones para exigir una solución para cerca de 40.000 pequeños accionistas y obligacionistas que perdieron su capital.