Por Emilio Parodi
GÉNOVA, Italia (Reuters) - Los agentes marítimos italianos que afirman que sus negocios se vieron afectados por el derrumbe mortal de un puente en Génova están recibiendo asesoramiento jurídico y estudian la opción de demandar a la operadora de autopistas Atlantia (MI:ATL) si la compañía es declarada responsable.
El Gobierno ha culpado a una filial de Atlantia que operaba el viaducto que se derrumbó provocando la muerte de 43 personas el 14 de agosto. La compañía está bajo investigación judicial, junto con el ministerio de Transporte, por homicidio involuntario.
La filial de Atlantia, Autostrade per l'Italia, ha negado cualquier delito, afirmando que las inspecciones regulares supervisadas por el Estado habían indicado que el puente era seguro. Un portavoz de Atlantia no quiso hacer declaraciones.
Las empresas de transporte también están valorando demandar al Gobierno si se responsabiliza al ministerio de Transporte. El Gobierno ha negado tener responsabilidad.
Spediporto, que representa en torno a 330 agentes marítimos en Génova, afirma que los camiones se ven obligados a tomar largos desvíos hacia y desde el puerto desde el derrumbe del viaducto, que formaba parte de una autopista que unía la ciudad y su puerto con el sur de Francia.
Teme que los fletadores puedan elegir rutas alternativas porque esta supone un retraso medio de más de una hora.
"Ya nos hemos puesto en contacto con nuestros asesores jurídicos sobre la posibilidad de interponer una demanda colectiva y tomaremos una decisión final en los próximos meses cuando hayamos recabado más datos sobre el impacto financiero del desastre", dijo a Reuters el director general de Spediporto, Giampaolo Botta.
La Cámara de Comercio de Génova estima que más de 14.500 empresas se han visto afectadas por el derrumbe de un fragmento del viaducto de 200 metros, incluido un puerto de contenedores que genera alrededor del 1,5 por ciento del Producto Interior Bruto de Italia.
Ha empezado a pedir a las compañías de toda la ciudad que estimen el impacto de los costes de transporte derivados de los desvíos de carreteras y retrasos en los puertos. Hasta el momento, ha hablado con 1.400 firmas, dijo la portavoz Anna Galleano.
El objetivo del sondeo es ayudar a las empresas a solicitar fondos estatales de ayuda por la tragedia, pero los datos podrían utilizarse para futuras leyes. La portavoz dijo que la Cámara no había buscado asesoramiento legal "por ahora".
(Información de Francesca Landini en Milán y Domenico Lusi en Roma; Traducido por Alba Calejero en la redacción de Madrid)