Lisboa, 13 may (.).- La estatal Caixa Geral de Depósitos (CGD), el mayor banco de Portugal, obtuvo un beneficio de 86,2 millones de euros en el primer trimestre, un 31,6 % menos que un año antes, por un refuerzo de las provisiones de 60 millones de euros para anticiparse a los efectos de la crisis económica.
En un comunicado remitido hoy a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM), la CGD explicó que los resultados reflejan los primeros impactos de la pandemia de COVID-19, que se empezaron a sentir en la segunda mitad de marzo, principalmente una reducción de la "transaccionalidad" y la demanda de crédito.
Entre enero y marzo, el margen financiero -diferencia entre los intereses pagados por los depósitos y los cobrados por los créditos- se redujo un 7,3 %, hasta los 262,8 millones de euros, por la "actual coyuntura de tasas de interés" y porque en 2019 hubo reembolsos anticipados de crédito de entidades públicas.
Las comisiones aumentaron un 1,9 % y los resultados de operaciones financieras se dispararon un 136,8 %, mientras que los otros resultados de explotación se redujeron un 85,4 %, porque en 2019 fueron abultados por la plusvalía de la venta de un edificio en Lisboa.
Con todo ello, el producto bancario global -equivalente a los ingresos- cayó un 5,9 %, a 426,6 millones.
Los costes de estructura mantuvieron su trayectoria descendente y se redujeron un 1,4 %, hasta 271,4 millones.
El crédito moroso mejoró hasta el 4,5 % del total (7,8 % en marzo de 2019), mientras que la ratio de solvencia "CET 1 fully implemented" se situó en el 16,6 %, dos puntos porcentuales por encima del dato de hace un año.
El número de trabajadores de CGD Portugal se situó al cierre de marzo en 6.684 empleados, 513 menos que un año antes, con 551 sucursales (una menos).
La CGD informó de que, siguiendo las recomendaciones del Banco Central Europeo (BCE), la Administración propondrá a la Asamblea de Accionistas que no se distribuyan dividendos referentes a 2019.
El banco fue sometido en 2017 a un proceso de recapitalización acordado entre el Gobierno portugués y la Comisión Europea (CE), que reforzó el capital en cerca de 5.000 millones de euros, a cambio de una reestructuración y de la venta de algunas filiales extranjeras, entre ellas la española.