Madrid, 15 jul (.).- La Asociación Española de Data Centers, Spain DC, alerta sobre la insuficiente inversión en redes de transporte y distribución de electricidad en España y señala que sería necesario invertir 6.625 millones anuales hasta 2030 y 5.300 millones entre 2031 y 2040 para cumplir con la demanda y objetivos climáticos.
Spain DC, en un escrito de alegaciones a la modificación del límite de inversiones en dichas redes, indica que la sola derogación de los límites a la inversión no resolverá el déficit de infraestructuras, e insta a mejorar los procesos de acceso y conexión tanto a transporte como a distribución, con una planificación que rinda cuenta de los retrasos o impedimentos que se padezcan.
Actualmente las inversiones están limitadas al 0,065 % del PIB anual para las inversiones en redes de transporte de electricidad (excluidas las interconexiones) y del 0,13 % del PIB para las redes de distribución (excluidas las destinadas a digitalización).
Asimismo, ha señalado que la insuficiente inversión en los últimos lustros ha provocando un déficit de infraestructuras de transporte de electricidad y ha dejado la dotación de España muy por debajo de los países de su entorno.
Según ha explicado, la Agencia Internacional de la Energía (IEA) sitúa el ratio normal de inversión en redes frente a la nueva capacidad renovable en 0,7 millones de euros por megavatio hasta 2030, mientras que en España ese ratio es solo de 0,45 millones de euros por megavatio.
Añade que necesita una inversión acumulada en redes eléctricas de aproximadamente 53.000 millones de euros hasta 2030 y recuerda que la IEA recomienda duplicar la dotación hasta 2040 para cumplir con los objetivos climáticos y garantizar la seguridad del suministro.
Según Spain DC, el efecto captura de actividad económica del sector de los centros de datos, donde se recoge la digitalización y el aumento de competitividad de las empresas en España y el del gasto de los hogares, tiene un impacto de 42.800 millones de euros.
La creación de empleo se estima en 23,6 puestos anuales por cada megavatio durante la fase de inversión inicial y un impacto en la recaudación fiscal de 430.000 euros por cada megavatio durante la construcción y urbanización, recaudación que continuará durante los años siguientes de operación.