Lisboa, 23 abr (EFE).- El uso de contratos especulativos en varias empresas estatales que generaron pérdidas de 3.000 millones de euros vuelve a poner en jaque al Gobierno portugués, cuando debate en Consejo de Ministros una nueva estrategia para salir de la crisis.
El descubrimiento de este tipo de productos de alto riesgo, revelado en un comunicado emitido el lunes por el Ministerio de Finanzas, sucedió horas más tarde de la segunda remodelación gubernamental acometida en solo diez días y que estuvo empañada por la polémica salida de dos de sus secretarios de Estado.
En esta renovación asumieron el cargo cinco nuevos secretarios de Estado y cesaron funciones tres, dos de ellos, Paulo Braga Lino y Juvenal Silva Peneda, por estar supuestamente vinculados en la contratación de instrumentos financieros de alto riesgo como miembros de la administración del Metro de Oporto.
Según un informe de la Inspección General de Finanzas filtrado a medios lusos, Paulo Braga Lino y Juvenal Silva Peneda, hasta ahora secretarios de Estado de Defensa y Adjunto al ministro de Interior, respectivamente, participaron en la contratación de productos muy especulativos que acabaron por lastrar las cuentas de resultados del Metro de Oporto en unos 800 millones de euros.
En su comunicado, Finanzas no explicó el cese de ambos Secretarios, pero sí aclaró que estos acuerdos especulativos fueron firmados con entidades financieras anteriormente a la llegada al poder del actual Ejecutivo conservador, en junio de 2011, y resaltó que había ordenado al Tesoro luso su fiscalización.
Sin detallar de qué empresas públicas se trata -apenas negó que sea la empresa ferroviaria REFER-, el Gobierno aseguró estar negociando con la banca mejores condiciones para mitigar el impacto en las cuentas del Estado la utilización de contratos "altamente especulativos".
"Este análisis (el promovido por el Ejecutivo) refleja que varios de estos contratos tienen características problemáticas por no tratarse de meros instrumentos de cobertura de riesgo, sino que incorporan estructuras altamente especulativas", subrayaron desde Finanzas.
El Ejecutivo de Pedro Passos Coelho anunció que al final de esta semana habrá resultados de la negociación con los bancos y comunicó que ha activado "los mecanismos correspondientes para depurar eventuales responsabilidades" por estas operaciones de alto riesgo supuestamente realizadas por instrumentos conocidos por "swaps".
El relevo de los dos secretarios de Estado por su implicación en este caso de mala gestión de recursos públicos -en Portugal ya se especula con que pueda llegar incluso a ser investigado por la Fiscalía- ha generado fuertes críticas de la oposición lusa.
"El Gobierno tiene que explicar al país, a los portugueses, todas las razones que se encuentran detrás de estas salidas", demandó Miguel Laranjeiro, secretario de Organización del Partido Socialista (PS, principal de la oposición), quien pidió, como los comunistas y la izquierda marxista, la comparecencia parlamentaria del ministro de Finanzas, Vítor Gaspar, para prestar aclaraciones.
El cambio gubernamental oficializado el lunes es el quinto en 22 meses del Gobierno de coalición entre el PSD y los democristianos del CDS-PP, que formaron una alianza después del descalabro de los socialistas en las elecciones anticipadas de junio del 2011.
No obstante, la remodelación más sonada se produjo el 13 de abril, una semana después de la crisis abierta por el revés judicial del Tribunal Constitucional a algunas medidas de ahorro del Gobierno, que le forzó a idear más cortes de 1.300 millones para cumplir con las condiciones de su rescate financiero.
En aquella reestructuración tomaron posesión dos ministros en sustitución del influyente Miguel Relvas, que se había visto envuelto en varios escándalos, uno de ellos relacionado con su título universitario.
Entretanto, el Gobierno luso celebra hoy un Consejo de Ministros extraordinario para debatir una nueva estrategia de crecimiento y de fomento industrial para el país de la que no se han filtrado detalles, apenas que la misma se discutirá con los partidos políticos y con los agentes sociales. EFE