Madrid, 4 mar (.).- La juez de la Audiencia Nacional María Tardón tomará mañana, viernes, declaración a los tres detenidos (dos en Madrid y uno en Málaga) en el marco del operativo de la Policía Nacional por la presunta despatrimonialización fraudulenta de las plantas de producción de aluminio de Alcoa (NYSE:AA).
Según han informado este jueves fuentes jurídicas, también comparecerá una cuarta persona que iba a ser detenida en Castellón; todos ellos declararán por presuntos delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra los derechos de los trabajadores y asociación criminal.
La titular del juzgado central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional ya ha declarado la causa bajo secreto de sumario.
Las detenciones se han producido después de que un centenar de agentes de la Policía Nacional haya registrado este jueves las instalaciones de Alu Ibérica en Avilés (Asturias) y La Coruña (Galicia), antes propiedad de Alcoa, así como varias oficinas de Madrid, Málaga y Castellón.
La intervención, dirigida por la juez Tardón y coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, ha incluido once registros en domicilios de personas físicas y jurídicas, entre ellos los propios centros de producción y un despacho de abogados.
La actuación policial estaría relacionada con la querella presentada por la Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) contra Alcoa y otras 18 personas por supuestas irregularidades en la venta de las plantas de la compañía en Avilés y La Coruña que podrían ser constitutivas de alzamiento de bienes y estafa.
En 2019, Alcoa vendió al fondo de inversión suizo Parter Capital estas instalaciones, después de un largo proceso que arrancó a finales de 2018 cuando la multinacional estadounidense anunció su intención de cerrar las dos fábricas.
La compañía justificó entonces su decisión en los altos costes de la electricidad en España, la necesidad de hacer grandes inversiones y la difícil coyuntura en los mercados de aluminio.
Sin embargo, Parter Capital no tardó en desprenderse de las dos plantas de Alcoa, que fueron adquiridas por el Grupo Industrial Riesgo ya bajo la denominación de Alu Ibérica, sin informar previamente al Ministerio de Industria ni a los gobiernos autonómicos y la representación de la plantilla, que acusan al nuevo propietario de carecer de un proyecto industrial solvente.
Según la CCP, que cifra en 688 el número de trabajadores empleados en estos centros, Alcoa habría engañado a los sindicatos en el marco de la negociación del despido colectivo, iniciado a finales de 2018.
El escrito de la querella relata el proceso de venta y concluye que "los querellados han llevado a que la titularidad de las dos factorías termine en manos de empresas pantalla sin capacidad ni para llevar a cabo el plan de negocios, ni el del pago de los salarios, ni el de la inversión, con lo que se frustra el objetivo final de la negociación, la salvaguardia de los puestos de trabajo".
Fuentes de Alcoa han asegurado hoy que la multinacional ha cooperado en el operativo, y han recalcado que la venta de las plantas a Parter contó con el aval del Gobierno y fue apoyada por los representantes de trabajadores, que después presentaron una demanda contra el fondo por el traspaso de acciones al Grupo Riesgo.
A este respecto, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en que la venta de las plantas por parte de Alcoa a Parter "se cerró en falso", y ha remarcado que "es evidente" que Alu Ibérica "no puede seguir en la situación en la que está".