París, 21 jul (.).- Los diputados franceses votaron en la noche del miércoles al jueves por una muy amplia mayoría la revalorización del 4 % de las pensiones y de las prestaciones sociales, que debe aplicarse con carácter retroactivo desde el 1 de julio.
Esa subida es una de las medidas estrella del proyecto de ley sobre el poder adquisitivo que se está tramitando actualmente en el Parlamento durante una sesión extraordinaria organizada una vez constituida la nueva Asamblea Nacional tras las elecciones legislativas de junio en las que el presidente, Emmanuel Macron, perdió la mayoría absoluta.
Un total de 296 diputados votaron en favor de esta disposición, mientras que 103 se abstuvieron (de la oposición de izquierdas) y 2 socialistas se pronunciaron en contra.
La fase de examen del proyecto de ley del poder adquisitivo en la Asamblea Nacional podría finalizar hoy con un voto sobre el conjunto para continuar luego el procedimiento en el Senado. Su adopción definitiva se espera durante la primera quincena de agosto.
La revalorización de las pensiones y de las prestaciones sociales pretende permitir que sus beneficiarios recuperen una parte del poder adquisitivo perdido por la escalada de la inflación. Las primeras ya habían subido un 1,1 % en enero y las segundas un 1,8 % en abril. La inflación interanual en Francia creció hasta el 5,8 % en junio.
El texto sobre el poder adquisitivo incluye otras medidas como el mantenimiento del llamado "escudo de tarifas" del gas y de la electricidad.
En el caso del gas, el precio para los particulares está congelado desde octubre, lo que ha evitado un incremento de al menos el 50 %. En la electricidad, la subida se ha limitado al 4 %, en lugar de como mínimo un 35 % si se hubieran aplicado las reglas que regían antes.
En la versión redactada por el Gobierno del proyecto legislativo, se contemplaba el fin progresivo a partir de octubre de la subvención estatal a los carburantes, que es de 18 céntimos de euros por litro desde abril. La idea era sustituirla por una ayuda específica para los asalariados y autónomos que necesitan el coche para trabajar y formen parte del 50 % de la población con los ingresos más bajos.
Pero el Ejecutivo se ha mostrado a modificar ese dispositivo y hay discusiones en particular con los parlamentarios del partido conservador Los Republicanos que podrían modificarlo, probablemente para prolongar las subvenciones generalizadas.