València, 5 feb (.).- El Comité de Gestión de Cítricos (CGC), la patronal nacional que aglutina a los operadores privados y cuyos asociados canalizan en torno al 70 % del comercio en fresco de este cultivo, apoya las movilizaciones anunciadas el viernes pasado por la principales organizaciones agrarias del país.
La asociación de exportadores respalda, asimismo, las protestas que este lunes han concretado las entidades representativas de los citricultores valencianos de la mano de Cooperativas Agroalimentarias, así como las que se están definiendo en el resto de zonas citrícolas (en Andalucía, Murcia y Cataluña) para los próximos días y semanas, informa el CGC.
A su juicio, el sector nacional dedicado a la producción de naranjas, mandarinas, limones y pomelos es "víctima", como el resto de la industria hortofrutícola española y europea, provocada por las políticas comunitarias impulsadas durante los últimos años.
La asociación se refiere, específicamente, al desarrollo del "Pacto Verde" europeo y a la "Estrategia de la Granja a la mesa", normativas medioambientales que, denuncian, "amenazan la viabilidad económica misma de la actividad y sobre las que se impone una revisión".
Coincide asimismo con los representantes de los agricultores en la "urgencia de consolidar el principio de reciprocidad" aplicado a las importaciones citrícolas de países terceros.
También en la conveniencia de suspender la ratificación del acuerdo alcanzado con Mercosur y en la necesidad de sentar las bases para que, en adelante, no se suscriba ningún otro tratado de apertura comercial o de ayuda al desarrollo sin antes haber estudiado su impacto real y la introducción de las llamadas "cláusulas espejo".
El CGC censura la "hipocresía y la evidente contradicción entre los grandes principios consagrados en la PAC y la política que de facto ha impulsado Bruselas en el seno de su propio mercado con las importaciones de países como Sudáfrica, Turquía, Egipto o Marruecos".
Y reclama "más garantías" en cuanto a la sanidad vegetal de las importaciones para evitar la introducción en la UE de organismos nocivos, plagas y enfermedades.
En materia de seguridad alimentaria, exige igualmente medidas ·más disuarorias y controles más eficaces· para evitar la presencia en partidas procedentes de países terceros de residuos de plaguicidas por encima de lo permitido en la UE o con sustancias activas prohibidas.
En última instancia reclama al Gobierno central soluciones con las que paliar la sequía, especialmente en Andalucía para poder salvar así el arbolado más afectado por las restricciones al regadío.