Luxemburgo, 09 jun (.).- Los países de la Unión Europea lograron este jueves un acuerdo sobre las nuevas normas para los créditos al consumo, que buscan prevenir que los ciudadanos se endeuden por encima de sus posibilidades y adaptar las reglas a las nuevas alternativas de financiación a través de Internet.
El texto pactado en el Consejo de ministros de Industria de los Veintisiete, que marca el punto de partida para negociar la legislación definitiva con el Parlamento Europeo, reduce sin embargo el abanico de préstamos que estarían cubiertos por la nueva directiva con respecto a la propuesta inicial hecha por la Comisión Europea en junio de 2021, lo que ha sido criticado por organizaciones de consumidores.
El objetivo de la propuesta para sustituir la actual directiva, que data de 2008, es "modernizar y reforzar" la protección de los consumidores, en particular, asegurando que reciben información clara, comprensible y adaptada a dispositivos digitales cuando suscriben un crédito y regulando cómo se evalúa la solvencia del cliente para evitar prácticas "irresponsables" que lleven al exceso de endeudamiento.
Según datos de la Comisión Europea ya antes de la pandemia de la covid uno de cada diez consumidores europeos tenía retrasos en el pago de hipotecas, alquileres, facturas energéticas o compras y cuatro de cada diez temen no poder pagar sus facturas a final de mes.
La propuesta de Bruselas planteaba, entre otras medidas, ampliar el ámbito de aplicación de la directiva para cubrir, por ejemplo, los préstamos inferiores a 200 euros o los préstamos entre particulares en plataformas digitales, que ahora están exentos.
El acuerdo alcanzado hoy por los países, sin embargo, propone excluir ciertos productos por considerar que la directiva "no está adaptada" para ellos, como la financiación colectiva (crowfunding) y, bajo ciertas condiciones, loas pagos a plazos, las tarjetas de débito a plazos o los contratos de alquiler sin opción a comprar la propiedad, según explicó el Consejo en un comunicado.
Además propone derogaciones parciales para ciertos tipos de créditos que sí están cubiertos por la legislación, en concreto, los préstamos de menos de 200 euros, los créditos al descubierto que deben devolverse en hasta tres meses, los préstamos libres de intereses o los contratos con un periodo máximo de tres meses y costes insignificantes.
La organización de consumidores europea BEUC criticó que los países quieran excluir productos como los créditos entre particulares o los pagos y tarjetas de débito a plazos porque "esto abre la puerta a esquemas de 'compra ahora y paga más tarde' para eludir las normas de protección del consumidor", pero valoraron que se refuercen las reglas para evaluar la solvencia.
España considera que las nuevas normas suponen un "necesario e indudable avance" con respecto a la directiva de 2008 y valora, en particular, que el "equilibrado" acuerdo de los países haya tenido en cuenta las especificidades de los pagos en diferido de algunas tarjetas, que "no conlleva una forma de sobreendeudamiento y, sin embargo, facilita la presupuestación mensual para los ciudadanos", según dijo el secretario del Tesoro, Carlos Cuerpo, en el debate de la medida.
No obstante, añadió que a España le gustaría seguir explorando posibles mejoras en tres puntos: la posibilidad de incluir periodo de reflexión mínimo para ciertos créditos de elevado importe, el modo de asegurar que la evaluación de la solvencia evita el sobreendeudamiento pero no supone una "expulsión injustificada de consumidores del mercado regulado"; y una armonización aún mayor de las reglas para garantizar igualdad de condiciones entre países y proveedores.
Los Estados negociarán el texto definitivo de la directiva con la Eurocámara una vez que esta fije su posición.
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