Madrid, 4 mar (.).- El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado para el próximo 11 de marzo a los cuatro policías investigados por posible descubrimiento y revelación de secretos y cohecho, en el marco de la causa por los servicios que el BBVA (MC:BBVA) habría contratado al excomisario José Villarejo.
En una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado central de Instrucción número 6 emplaza para ese mismo día a la responsable de seguridad física del banco, Inés Díaz Ochagavia, que desde 2019 figura como investigada en esta novena pieza separada del caso Villarejo.
El pasado febrero, el magistrado imputó a cuatro policías, entre ellos un inspector jefe y un subinspector que ya habrían realizado otras consultas en los mismos ficheros policiales sobre personas objeto de seguimiento por la empresa del excomisario, Cenyt.
Esta práctica, explicaba el auto, se habría producido "en ejecución y desarrollo de otros proyectos contratados con diferentes clientes privados", objeto de pesquisas en otras piezas de la causa sobre los negocios de Villarejo.
Las consultas efectuadas datan de entre 2015 y 2016, e incluyen datos de filiación, domicilios, pasaportes, trámites, tarjetas e imágenes de una decena de personas, a los que habrían accedido los ahora investigados, destinados en la Comisaría General de Información.
La "operación Trampa" gira en torno a los supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el banco encargó al excomisario desde 2004, cuando la constructora Sacyr (MC:SCYR) inició un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad que finalmente no tuvo éxito.
A mediados de 2019, el juez acordó la imputación del BBVA y de quien fuera su presidente Francisco González en un procedimiento en el que figuraban como investigados otros exdirectivos como el exjefe de seguridad Julio Corrochano, el ex consejero delegado Ángel Cano y el exresponsable de riesgos Antonio Béjar.
También Inés Díaz Ochagavia, que sustituyó a Corrochano en su cargo y que tendrá que comparecer el próximo jueves; la directiva ya fue citada en su momento, aunque se acogió a su derecho a no declarar.
A ellos y a otros cargos se les investiga por presuntos delitos de cohecho activo y descubrimiento y revelación de secretos.
Con motivo del levantamiento del secreto de sumario, el juez consideró que los trabajos encargados supuestamente por BBVA a la empresa de Villarejo entre 2004 y 2017, supusieron una "reiterada injerencia" en los derechos de las personas "mediante el acceso a sus comunicaciones, seguimientos personales o el acceso a su documentación bancaria".
Argumentos que retomaron los fiscales en su último informe, en el que recordaba que, a tenor de los investigadores, la factura de los "múltiples" servicios prestados por Cenyt a BBVA ascendió a 10,2 millones de euros.