Lisboa, 9 jul (EFE).- Los contribuyentes lusos debían a la autoridad fiscal portuguesa 18.105 millones de euros a finales de 2012, el valor más elevado en cinco años, según un informe del Gobierno sobre la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.
El documento, presentado hoy en una comisión parlamentaria por el secretario de Estado de Asuntos Fiscales, Paulo Núncio, señala que del total de impagos, el 62 % corresponde a grandes deudores, con más de 500.000 euros en mora en una sola administración tributaria o 250.000 euros en varios puntos del país.
Un 63 % de esas grandes deudas es de empresas y, de ese porcentaje, el 84 % está en suspenso por procesos judiciales.
En total, durante 2012 el Estado luso recuperó 1.218 millones de euros en impagos, un valor muy similar al del año anterior y procedente en su mayoría del IVA (395,4 millones de euros) y el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que supuso 327 millones de euros de recaudación.
Durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria, Núncio defendió los cambios realizados en el sistema de facturación luso para luchar contra el fraude y la evasión fiscal.
Según el secretario de Estado, en los primeros cinco meses del año el nuevo sistema aportó 1.500 millones de facturas "que superan ampliamente lo esperado por el Gobierno" y ayudó a detectar 20.000 empresas al margen de la ley.
La reforma de la facturación llevada a cabo por el ejecutivo conservador luso hizo obligatorio desde el inicio de este año la emisión y presentación de factura para todo bien o servicio ofrecido o recibido, la cual sirve también para obtener una posterior desgravación fiscal.
Sin embargo, la oposición socialista puso en cuestión las reformas, en especial por el aumento de impuestos que representaron, con el argumento de que generará otro descenso en la recaudación fiscal en medio de la crisis económica que sufre Portugal bajo las duras medidas de austeridad de su rescate financiero.
Pero según Núncio una reducción de los impuestos no se podrá realizar en Portugal hasta que aumente la base tributaria, se refuerce la persecución del fraude fiscal y haya una reducción sostenible del gasto estatal. EFE