Berlín, 30 ene (.).- El Consejo Asesor de Economistas del Gobierno alemán, tradicionalmente conocido como el grupo de los cinco sabios, ha pedido una reforma del llamado freno a la deuda, la regla fiscal que exige que el déficit no pase del 0,35 por ciento del PIB, para aumentar las inversiones públicas.
En una carta dirigida al Gobierno de coalición el grupo sostiene que en su estado actual la regla fiscal es demasiado rígida y reduce de manera innecesaria el margen fiscal para hacer frente a retos del futuro.
"La reforma del freno a la deuda que proponemos aumenta la flexibilidad de la política fiscal", dijo la presidenta del grupo, Monika Schnitzer.
Los cambios, según Schnitzer, permitirán "afrontar gastos enfocadas hacia el futuro y reglamentar la transición después de una situación de emergencia para pasar a la normalidad sin socavar la sostenibilidad de las finanzas públicas".
La norma, anclada en la Constitución, puede ser suspendida si se declara la perturbación del orden macroeconómico, lo que ocurrió en los años de la pandemia y también en 2023 debido a la crisis energética.
Los sabios sostienen que tras una crisis económica esta puede seguir teniendo "repercusiones notables" por lo que proponen que el déficit pueda seguir estando por encima de la norma, aunque con el compromiso de irlo reduciendo año tras año.
"Una consolidación inmediata del presupuesto para cumplir otra vez este año con el freno a la deuda puede traer innecesariamente efectos negativos en una economía que todavía muestra signos de debilidad", advierte la carta.
Una regla de transición, en cambio, da más margen fiscal para superar los efectos de la crisis sin necesidad de debatir permanentemente si se debe volver a declarar la perturbación del orden macroeconómico.
El Gobierno contempla este año volver a cumplir con el freno a la deuda -lo que se refleja en el proyecto de presupuesto que debe ser aprobado el viernes por el parlamento-, pero hay una discusión en el mundo político y académico sobre una posible reforma de la regla fiscal.
Un cambio implicaría una mayoría de dos terceras partes para reformar la Constitución lo que necesitaría el apoyo de parte de la oposición.