Avilés, 13 abr (.).- Todos los sindicatos con representación en las plantas de Alu Ibérica de Avilés y A Coruña han dado su conformidad al acuerdo con Alcoa (NYSE:AA) para recibir las indemnizaciones, que quedará sellado cuando los trabajadores renuncien a la vía judicial contra la antigua propietaria de las alumineras.
Mientras tanto, un grupo de trabajadores de A Coruña, que se había dado de baja de la empresa, ahora quiere acogerse al acuerdo para percibir las indemnizaciones, pero, al margen de ese escollo, existe unanimidad sindical para seguir adelante con el proceso.
Fuentes del comité de empresa de la fábrica de Avilés han apuntado este miércoles a Efe que la decisión sindical es unánime, tras superar las reticencias de algunas centrales y, a lo largo de este fin de semana, los trabajadores deberán formalizar su renuncia a mantener la vía legal contra Alcoa.
La antigua propietaria de las fábricas ha habilitado este miércoles una plataforma para que los trabajadores firmen esa renuncia a las demandas, en el entendido de que tendrá validez cuando sea efectiva la percepción de las compensaciones acordadas.
El acuerdo recoge una indemnización por cada empleado de 60 días por año trabajado más 10.000 euros lineales, lo que podría suponer un desembolso para la compañía de unos 70 millones de euros, entre las fábricas de Avilés y A Coruña.
Alcoa exige un acuerdo por unanimidad, por lo que no se sabrá si el proceso llegará a buen puerto hasta que no se produzca, a lo largo de este fin de semana, la firma definitiva y, en consecuencia, la asunción de los puntos convenidos para acceder a la indemnización.
El comité de empresa de Alu Ibérica de Avilés firmó el pasado 7 de abril el expediente de extinción de empleo para toda la plantilla de la fábrica, con la esperanza de que el próximo inversor tenga carácter industrial y rescate los actuales empleos.
El expediente afecta a la totalidad de la actual plantilla, más de 240 trabajadores, mientras continúa adelante el proceso para percibir la indemnización de Alcoa.
La plantilla se hallaba incursa en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y, tras la firma del despido con la administración concursal, y una vez reciba la correspondiente autorización judicial, los trabajadores quedarán en el paro, previsiblemente, a partir del 1 de mayo.
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