Avilés, 14 sep (.).- El presidente del comité de empresa de la planta de Alu Ibérica en Avilés, anteriormente propiedad de Alcoa (NYSE:AA), José Manuel Gómez de la Uz, ha pedido este martes al Ministerio de Industria que desvele los inversores interesados en la fábrica y agilice el proceso para enderezar el futuro de la factoría.
"Ya que dicen que tienen inversores, que los pongan encima de la mesa, que se dejen de jugar con la gente, y que tengan muy claro que vamos a luchar sólo y exclusivamente por la plantilla actual”, ha declarado a Efe Gómez de la Uz.
El consejero de Industria del Principado, Enrique Fernández, había confirmado la pasada semana a los sindicatos que existen inversores interesados en la planta avilesina de Alu Ibérica, aunque dijo que todavía es pronto para desvelar más detalles.
Por otra parte, los trabajadores han tenido una reunión con el administrador judicial de la fábrica para hablar de la aplicación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) debido a la insolvencia de la situación financiera que no permite hacer frente a las nóminas, más allá de las correspondientes al mes de agosto y la paga extra.
De modo que la mejor solución para los trabajadores es la implantación de ese ERTE hasta que se resuelva el futuro de la factoría, ha explicado Gómez de la Uz.
Para los sindicatos, y así lo han trasladado a la plantilla, lo prioritario es agilizar los trámites para resolver el futuro de la fábrica y, mientras tanto, tratar de que haya una remuneración para la plantilla.
En 2019, Alcoa vendió al fondo de inversión suizo Parter Capital las plantas que tenía en Avilés y A Coruña, después de un largo proceso que arrancó a finales de 2018 cuando la multinacional estadounidense anunció su intención de cerrar las dos fábricas.
Sin embargo, Parter Capital no tardó en desprenderse de las dos plantas de Alcoa, que fueron adquiridas por el Grupo Industrial Riesgo ya bajo la denominación de Alu Ibérica.
El Grupo Industrial Riesgo está siendo investigado por la el Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional por su gestión, que obligó al nombramiento de un administrador judicial, que actualmente está al cargo de la fábrica.
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