Madrid, 4 mar (.).- La reunión entre los socios de gobierno para negociar el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda se ha saldado, este jueves, con el avance hacia un acuerdo para garantizar una alternativa habitacional a los colectivos vulnerables afectados por un procedimiento de desahucio por impago de rentas.
El secretario general de Vivienda, David Lucas, ha presentado una propuesta por escrito a la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, para que la ley incluya que "se establecerá un informe obligatorio a los servicios de bienestar social en caso de desahucio, para que las Administraciones puedan ayudar a las familias afectadas con el fin de garantizar una alternativa habitacional."
Mientras que desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) recalcan que se trata de una propuesta para mejorar la atención que ya prestaban antes de la pandemia los Servicios Sociales a las personas desahuciadas, en Unidas Podemos aseguran que la nueva regulación servirá para frenar lanzamientos, en la línea de lo pactado el pasado diciembre en el 'decreto antidesahucios', vigente en principio hasta el 9 de mayo.
La "propuesta de mejora del procedimiento de desahucio" que ha entregado este jueves Lucas a Belarra recoge que "en el procedimiento civil la nueva propuesta a incluir en la ley estatal de vivienda no da continuidad a las medidas excepcionales establecidas como consecuencia del estado de alarma, sino que pretende perfeccionar las existentes y reguladas actualmente en la Ley de Enjuiciamiento Civil".
Señala también que "en el procedimiento penal solo se solicita informe a los Servicios Sociales, pero sin variar el procedimiento actualmente establecido", es decir, que "en este caso no se produciría suspensión en el procedimiento de desahucio".
El objetivo, según el Mitma, es garantizar que se produce una "comunicación efectiva y rápida (lo más automatizada posible)" entre el órgano judicial y los servicios sociales para que éstos puedan atender rápidamente a las personas en situación de vulnerabilidad económica.
Los servicios sociales podrían así ofrecer soluciones habitacionales de la administración municipal, autonómica, previstas en el Plan Estatal de Vivienda "o las que puedan acordarse con el resto de las Administraciones o con el sector privado.
El avance de este jueves deshace el bloqueo en el que se encontraban las negociaciones sobre esta ley mes y medio después de comenzar formalmente y cuando ya los socios de gobierno han sobrepasado el plazo que se dieron para elevarla al Consejo de Ministros.
De momento, Lucas y Belarra han optado por aparcar el punto de la regulación de precios del alquiler, en el que encallaron las conversaciones hace quince días, si bien los de Pablo Iglesias no renuncian a esta exigencia y han manifestado su preocupación por el hecho de que el socio siga sin presentarles una propuesta al respecto.