Madrid, 9 jun (.).- La Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer) ha denunciado este jueves el retraso que acumulan multinacionales, operadores logísticos, constructoras y otras empresas cargadoras a la hora de pagar a los transportistas dentro de los plazos legales.
La asociación, una de las mayoritarias del sector, ha presentado ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana una batería de denuncias contra varias empresas que continúan incumpliendo "sistemáticamente" los plazos máximos de pago.
En este sentido, Fenadismer recuerda que el pasado octubre se aprobó un nuevo régimen sancionador de lucha contra la morosidad en el sector que establece multas de hasta 6.000 euros para los morosos, y que pueden llegar a alcanzar los 30.000 euros en los casos reincidentes "más abusivos".
Según ha explicado la asociación en un comunicado, pese a que la normativa ha provocado en los últimos meses una evolución positiva de los plazos máximos de pago a los transportistas, sigue existiendo un porcentaje alto de compañías que continúan incumpliendo los plazos fijados.
Así, el plazo medio de pago se situó en mayo en 75 días, aunque todavía existe un 56 % de empresas cargadoras e intermediarios que incumplen los plazos máximos de pago.
De las empresas que incumplieron los plazos, un 35 % tardó en pagar más de 60 días, frente al 17 % que se demoró a la hora de pagar por encima de los 120 días, y en algunos casos se llegaron a registrar plazos superiores a los 210 días.
REUNIÓN CON EL MINISTERIO
En este contexto, el Ministerio tiene previsto reunirse mañana con la minoritaria Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por Carretera, que durante el pasado mes de marzo mantuvo un paro de 20 días como protesta a la situación que atraviesa el sector, afectado especialmente por el encarecimiento de los carburantes.
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez ha asegurado este jueves en un encuentro organizado por la consultora Deloitte que se reunirán con el sector para perfilar el proyecto de ley que se comprometió a presentar a los transportistas antes del 31 de julio para que desconvocaran el paro.
Este proyecto de ley aplicará al sector del transporte de mercancías por carretera los principios de la ley de la cadena alimentaria para asegurar una utilización justa de la subcontratación y la rentabilidad de su trabajo, e irá al Consejo de Ministros cuando se pacte su contenido final con el sector.
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