Bruselas, 20 dic (EFE).- Los Estados miembros acordaron hoy un acuerdo político sobre una propuesta de directiva para aumentar la transparencia y la información sobre los cargos aplicados a los titulares de cuentas bancarias de pago y garantizar que todos los residentes en la Unión Europea pueden acceder a estos servicios.
El Comité de Representantes Permanentes (Coreper), en el que se sientan embajadores de los Veintiocho, estableció su posición sobre el proyecto de directiva sobre cuentas de pago -que no incluye los servicios de crédito-, lo que permitirá que comiencen las negociaciones con el Parlamento Europeo para un consenso final.
La propuesta pretende "permitir a los consumidores tomar elecciones informadas cuando abren cuentas, a la vez que se facilita el cambio de cuentas", explicaron los Estados miembro en un comunicado.
Además, la iniciativa está dirigida a "eliminar la discriminación basada en la residencia" del cliente y garantizar acceso a los servicios básicos de pago en la Unión Europea, dado que se estima que unos 58 millones de ciudadanos europeos no tienen una cuenta de pago.
La Comisión Europea calcula que la mitad de estas personas querría tener una cuenta de este tipo y que a 2,6 millones de personas los bancos les han rechazado ofrecerles estos servicios, ya sea porque consideran que no son solventes o porque son estudiantes.
"Esto no es normal ni aceptable", dijo el comisario europeo de Mercado Interior, Michael Barnier, el pasado mes de mayo durante la presentación de la propuesta.
Muchas de estas personas se enfrentan a varias dificultades a la hora de abrir una de estas cuentas, por ejemplo por carecer de un lugar de residencia permanente en el Estado miembro donde el banco está basado, un problema que afecta a colectivos como los estudiantes.
El objetivo de la propuesta, recalcaron los países, "es fomentar tanto la protección de los consumidores como la integración en el mercado único", señalaron los Estados miembros. EFE
El Comité de Representantes Permanentes (Coreper), en el que se sientan embajadores de los Veintiocho, estableció su posición sobre el proyecto de directiva sobre cuentas de pago -que no incluye los servicios de crédito-, lo que permitirá que comiencen las negociaciones con el Parlamento Europeo para un consenso final.
La propuesta pretende "permitir a los consumidores tomar elecciones informadas cuando abren cuentas, a la vez que se facilita el cambio de cuentas", explicaron los Estados miembro en un comunicado.
Además, la iniciativa está dirigida a "eliminar la discriminación basada en la residencia" del cliente y garantizar acceso a los servicios básicos de pago en la Unión Europea, dado que se estima que unos 58 millones de ciudadanos europeos no tienen una cuenta de pago.
La Comisión Europea calcula que la mitad de estas personas querría tener una cuenta de este tipo y que a 2,6 millones de personas los bancos les han rechazado ofrecerles estos servicios, ya sea porque consideran que no son solventes o porque son estudiantes.
"Esto no es normal ni aceptable", dijo el comisario europeo de Mercado Interior, Michael Barnier, el pasado mes de mayo durante la presentación de la propuesta.
Muchas de estas personas se enfrentan a varias dificultades a la hora de abrir una de estas cuentas, por ejemplo por carecer de un lugar de residencia permanente en el Estado miembro donde el banco está basado, un problema que afecta a colectivos como los estudiantes.
El objetivo de la propuesta, recalcaron los países, "es fomentar tanto la protección de los consumidores como la integración en el mercado único", señalaron los Estados miembros. EFE