Bruselas, 19 jun (EFE).- Los Veintisiete respaldaron hoy el acuerdo alcanzado con las otras instituciones europeas para avanzar en la liberalización del sector ferroviario en la Unión Europea (UE), un paso más hacia la creación de un "espacio único" comunitario para los trenes.
El pacto, cerrado informalmente el pasado viernes y ahora respaldado formalmente en el Comité de Representantes Permanentes (COREPER), simplifica las tres normativas europeas que regulaban hasta ahora el sector ferroviario en una única legislación, según informó hoy el Consejo de la UE en un comunicado.
El compromiso establece cambios importantes, como dotar de una mayor independencia a las autoridades nacionales competentes para que dependan menos de los gobiernos, de modo que podrán imponer multas e iniciar investigaciones en el caso de incumplimientos de la normativa.
Las autoridades de los Veintisiete cooperarán de una manera más estrecha en una "red" europea, que se vislumbra como un primer paso hacia la creación de un organismo comunitario para la regulación del sector del ferrocarril en toda la Unión Europea.
También se han visto reducidos los plazos de los que disponen estos organismos para responder a quejas y peticiones de información.
El acuerdo incluye además una petición a la Comisión Europea para que estudie y presente sus conclusiones sobre el estado de la separación entre los gestores de las infraestructuras ferroviarias y los operadores de transporte, con el objetivo de "proponer, si es necesario, medidas legislativas para asegurar el acceso no discriminatorio a las infraestructuras".
El comisario europeo de Transporte, Siim Kallas, ha señalado en reiteradas ocasiones que esta delicada cuestión no se abordaría en este texto, sino que quedaría pendiente para el próximo paquete ferroviario que la Comisión Europea pretende presentar a finales de este año, pese al poco entusiasmo que despierta entre los Veintisiete.
Por otra parte, los países tendrán un plazo menor para poner en marcha la nueva normativa europea -30 meses desde su entrada en vigor-.
Además, se ha acordado que los gestores de infraestructuras contarán con un periodo de transición de un máximo de cuatro años para aplicar las normativas para calcular los costes directos que se cargan a los usuarios, una cuestión que aún tiene que adoptarse y queda pendiente para futuras negociaciones.
El paquete incluye también nuevas reglas sobre la financiación de las infraestructuras, para evitar que sean utilizadas para otros fines, como la prestación de servicios por parte de los operadores ferroviarios, así como sobre la fijación de cánones.
Antes de su entrada en vigor, el texto tendrá que ser aprobado por el pleno del Parlamento Europeo -previsiblemente en la próxima sesión de principios de julio- y por el Consejo Europeo, tras el voto de los diputados.
El objetivo de esta directiva, presentada en 2010 y que funde en un solo texto las tres normativas anteriores, es mejorar la competitividad del sector ferroviario en Europa y reducir su elevada fragmentación, lo que le coloca en una situación de desventaja frente a otros medios de transporte como la carretera o la aviación.
A finales de este año, la Comisión Europea publicará una nueva reforma del sector ferroviario, en la que se incluirá la separación completa entre la gestión de la infraestructura y los operadores de servicio, según ha afirmado en reiteradas ocasiones el comisario de europeo de Transporte, Siim Kallas.
El proceso de liberalización de los ferrocarriles europeos comenzó en 1991, cuando se obligó a los Estados miembros a distinguir entre la gestión de la infraestructura y las compañías que la usan para transportar mercancías o pasajeros. EFE