Brasilia, 22 ene (.).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionó este lunes los presupuestos generales de 2024 con un veto que recorta en 5.600 millones de reales (unos 1.029 millones de euros) los recursos para los proyectos de parlamentarios en sus reductos electorales.
La decisión puede enturbiar la difícil relación entre el jefe de Estado y el Congreso, de mayoría conservadora y liberal, y que el Gobierno necesita para sacar adelante los proyectos de ley y demás iniciativas de su autoría.
El mandatario progresista justificó su veto sobre la base de que el cálculo de esa jugosa partida presupuestaria se hizo con una previsión del índice de inflación superior a la actual, que según el mercado financiero rondará el 3,9 % en 2024.
Así, las llamadas 'enmiendas parlamentarias', recursos destinados para que los diputados y senadores realicen proyectos en sus feudos electorales, generalmente para mejorar las infraestructuras, caen desde el récord de 53.000 millones de reales (10.600 millones de dólares) aprobado por el Congreso a cerca de 47.500 millones de reales (9.500 millones de dólares).
Sin embargo, el veto de Lula puede ser anulado por el propio Parlamento, como planteó este lunes a los periodistas el diputado Luiz Carlos Motta, relator de los presupuestos para 2024.
Los presupuestos generales para este año fueron aprobados por el Congreso el pasado 22 de diciembre y Lula tenía de plazo hasta este 22 de enero para sancionarlos.
El texto establece que el gasto estatal se elevará este año a 5,5 billones de reales (1,1 billones de dólares al cambio de hoy), de los cuales casi un 50 % será reservado para compromisos y vencimientos de la deuda pública.
Asimismo, prevé que la economía brasileña crecerá en 2024 un 2,2 %.
También incluye el compromiso de que el Gobierno cerrará 2024 con un déficit público primario "cero", que se propone alcanzar con la entrada en vigor de diversas medidas que apuntan a recomponer la recaudación tributaria.
El presupuesto establece además un fondo de 4.900 millones de reales (980 millones de dólares) que será distribuido entre los partidos políticos, como parte de la financiación pública de las campañas para las elecciones municipales del próximo octubre.