Santa Cruz (Bolivia), 27 oct (EFE).- El departamento de Santa Cruz, motor económico de Bolivia, cumple este jueves la sexta jornada de paro por el censo 2023, que impulsan sectores cívicos, en medio de la escasez de combustible y la toma de una planta de la red de gas domiciliario por parte de sectores afines al oficialismo.
En la mañana de este jueves un grupo que se identificó como perteneciente a las "juntas vecinales", contrarias al paro cívico, se apostó fuera de la estación de red de gas domiciliario para evitar el ingreso de personal.
El conflicto en Santa Cruz tiene, por un lado, a los sectores cívicos que impulsan el paro indefinido para que el censo se realice el próximo año y, por otro, a los grupos afines al Gobierno que aplican un "cerco" para que se levante la medida de presión.
Milton Soliz, dirigente de las juntas vecinales, dijo a EFE que los líderes cívicos de Santa Cruz "están quitando el derecho a seguir trabajando" con el paro, pero que en contradicción muchas de las empresas que pertenecen a los miembros de esas instituciones "siguen trabajando".
"Si queremos parar, paremos todos", añadió.
La red de gas domiciliario alimenta a un 70 % de la ciudad de Santa Cruz, incluido el sector industrial que opera en los márgenes de esa urbe con la cría de aves, la producción de oleaginosas, bebidas, inclusive de medicamentos.
Esta medida se suma al bloqueo que las organizaciones afines al Gobierno han instalado en la principal refinería de la región y que ha causado el desabastecimiento de gasolina y diésel, por lo que varias estaciones de combustible han cerrado.
Esta jornada, en la que los cívicos permitieron que por unas horas la población fuera a los mercados a abastecerse, se registraron filas extensas en los pocos surtidores de combustible que operaron.
Por medio del "cerco" a Santa Cruz se han bloqueado también cuatro carreteras que comunican a esta urbe con el resto del país, además, de la obstaculización al ingreso del vertedero de basura.
El Gobierno "nuevamente nos ha atacado, ha cercado nuestra ciudad y ha prohibido las exportaciones", manifestó en un video el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo.
Pese a esto, Calvo expresó que después de seis días de paro la población mantiene un ánimo "inquebrantable".
Por su parte, la Defensoría del Pueblo alertó que el llamado "cerco" y el paro "vulneran los derechos humanos" e instó a las partes en conflicto a "encontrar caminos para un diálogo".
Para este viernes el Ejecutivo nacional convocó a un "encuentro plurinacional" para tratar con gobernadores y alcaldes los conflictos relacionados con el censo.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la mayor patronal del país, urgió este jueves a retomar el diálogo ante la "escalada de violencia y el descontrol" por "decisiones políticas" que se están tomando dentro del conflicto por el censo de población y vivienda.
La patronal boliviana expresó en un comunicado su posición "ante la escalada de violencia y descontrol generados nuevamente por decisiones políticas que están conduciendo peligrosamente a un escenario de confrontación entre bolivianos y a una vulneración generalizada de los derechos y garantías constitucionales".
Frente a esto, consideraron necesario "de manera urgente retornar a la senda de la prudencia, sensatez y diálogo".
Santa Cruz encabeza la protesta por el censo para que los resultados de la encuesta se apliquen en 2025, año en el que están programas las elecciones presidenciales.
De la realización del censo depende una nueva distribución de recursos para las regiones y la asignación nuevas cuotas de representación política en el Parlamento.
El Gobierno aún se mantiene firme en que la encuesta nacional se realice en 2024, basado en aspectos "técnicos" y de calidad de los resultados, pese a que inicialmente garantizó que se haría en noviembre de este año.
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