Madrid, 2 nov (.).- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este martes en el pleno del Senado que la anulación de las plusvalías municipales por el Tribunal Constitucional no abrirá la puerta a un aluvión de reclamaciones económicas a los ayuntamientos por parte de los ciudadanos.
Según Montero, si “se mantiene la literalidad del borrador” que ha sido conocido de la próxima sentencia del alto tribunal, el fallo no tendrá efectos retroactivos.
“Tenemos que leer la sentencia en su literalidad. Pero sí le adelanto ya, no va a tener efectos retroactivos. Lo dice el borrador de la propia sentencia, este ministerio ha podido ver que no tendrá efectos retroactivos, si se mantiene el borrador que el Tribunal Constitucional ha hecho público o que alguien ha hecho público en su nombre”, ha explicado.
Así, “no habrá lugar a reclamaciones, salvo las que ya estuvieran planteadas sobre supuestos concretos. No las habrá de aquellos que hayan pagado el impuesto de plusvalías, porque así lo salvaguarda el propio TC, como tendrá usted lugar a comprobar cuando se conozca la sentencia … si no se desvía de aquello que se plantea”, ha añadido.
Montero ha respondido en estos términos a una pregunta de la senadora de ERC Mirella Cortés, que le pedía al ejecutivo que consigne un fondo que aporte cobertura a los municipios ante la posibilidad de que la sentencia desate un aluvión de reclamaciones económicas porque la base del cálculo del impuesto es inconstitucional.
La senadora ha recordado que el TC viene fallando en contra de las plusvalías desde 2017. A pesar de ello, la inacción de los gobiernos de PP y PSOE para variar el cálculo de este impuesto ha dejado en la inseguridad financiera a los ayuntamientos y también expuestos a un aluvión de reclamaciones, ha opinado.
“En cuatro años no se han anticipado, les ha pillado el toro. Pero el estado tiene ahora que actuar de urgencia y tiene que garantizar la financiación de los entes municipales. Sabemos de sobra que la sentencia no se ha hecho pública, pero … ¿qué pasará si se abre la puerta a un sinfín de reclamaciones? ¿Quién pagará el gasto? La responsabilidad no es de los ayuntamientos”, ha explicado.
“Exigimos al Gobierno que establezca un fondo de compensación que permita a los ayuntamientos recuperar los ingresos que perderán por la pasividad de los gobiernos y que garantice su suficiencia financiera”, ha señalado la senadora.