ABUJA - La Comisión Federal de Competencia y Protección del Consumidor (FCCPC) de Nigeria ha impuesto una cuantiosa multa de 110 millones de dólares a British American Tobacco (LON:BATS) Nigeria (BATN) por una serie de infracciones de la normativa, entre ellas abuso de posición dominante y esfuerzos por obstaculizar a los competidores. Esta multa es el resultado de una amplia investigación que comenzó hace más de tres años, el 28 de agosto de 2020.
La FCCPC inició su investigación sobre BATN basándose en información fidedigna. La investigación incluyó un análisis forense detallado de las comunicaciones electrónicas tras los registros realizados el 25 de enero de 2021. Esta investigación condujo al descubrimiento de pruebas sustanciales que respaldaban las acusaciones de la FCCPC contra BATN, confirmadas por el Tribunal Superior Federal, lo que justificaba la sanción.
Hoy, BATN ha llegado a un acuerdo con el gobierno nigeriano por infringir las leyes de competencia y tabaco. Además de la multa, BATN está obligada a cumplir una Orden de Consentimiento, que estipula un periodo de dos años de supervisión del cumplimiento dirigido por la FCCPC. Durante este tiempo, la empresa también debe participar en la defensa de la salud pública y apoyar las iniciativas de control del tabaco como parte de su responsabilidad social corporativa, según las directrices de la FCCPC.
La resolución del caso refleja la cooperación de BATN con el Servicio de Asuntos del Consumidor (CAF (BME:CAF)) de la FCCPC. La empresa se comprometió por escrito a cumplir la normativa legal, lo que fue decisivo para que se retiraran los cargos penales contra ella. Esta cooperación está en consonancia con las disposiciones de la Ley Federal de Competencia y Protección del Consumidor (FCCPA), que rige la conducta empresarial en Nigeria para garantizar la competencia leal y proteger a los consumidores.
La acción coercitiva de la FCCPC contra BATN subraya el compromiso de la agencia de mantener las normas reguladoras y salvaguardar la salud pública. Se espera que la multa y las subsiguientes medidas de cumplimiento sirvan de elemento disuasorio para otras empresas que se planteen incumplir las leyes de protección de los consumidores.
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