Barcelona, 5 jul (.).- Los responsables de las áreas de economía de Barcelona, Cádiz, Córdoba, A Coruña, Madrid, Zaragoza, Santiago de Compostela y Valencia se han reunido hoy en la capital catalana para exigir al nuevo Gobierno medidas que permitan asumir, a largo plazo, un 25 % del gasto público a los ayuntamientos.
Lo ha explicado hoy ante la prensa el primer teniente de alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello, tras firmar junto a los concejales de las otras ciudades participantes en este encuentro la Declaración de Barcelona sobre Financiación y Fiscalidad Local y Cambio Social.
Esta declaración, que reedita la de Valencia y sus Jornadas Municipalistas para una Financiación Justa, celebradas en febrero de 2017, exige cambios normativos y en la gestión de impuestos para emprender una "segunda descentralización", que alcance a los entes locales y ponga fin al "olvido" que han sufrido durante toda la democracia y los "agravios directos" recibidos por parte del anterior Gobierno central, según Pisarello.
Una de las medidas que exige el manifiesto es la ampliación del espacio tributario local, a través de nuevos impuestos que incluyan actividades nuevas que aún no contempla la ley y no tienen la tributación regulada, como por ejemplo el alquiler en grupo de bicicletas o el uso de "segways" en el espacio público.
Asimismo, los ayuntamientos reclaman ampliar su autonomía normativa para definir distintos tipos impositivos en el impuesto sobre los bienes inmuebles (IBI) según el uso que se da a una propiedad -en la actualidad, un hotel y una vivienda tributan bajo el mismo tipo- y las necesidades específicas de la ciudad.
Otra de las medidas exigidas es la reforma de la Ley régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, en virtud de la cual, actualmente, algunas entidades que en principio no tienen ánimo de lucro tampoco tributan cuando realizan actividades que sí son lucrativas y compiten en el mercado.
La declaración firmada hoy exige, igualmente, una revisión de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad Local y la flexibilización de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que, actualmente, limitan el gasto de todos los ayuntamientos según lo establecido en los presupuestos elaborados el año anterior y no según los ingresos obtenidos en el mismo año.
Así, los concejales y técnicos reunidos hoy exigen una modificación de la regla de gasto que permita destinar el superávit de los consistorios a "satisfacer necesidades de las vecinas y vecinos".
También reclaman estos ocho consistorios que el cómputo entre déficit y superávit se haga por períodos plurianuales, dado que cuando una acción requiere un gran volumen de inversión, los efectos de esta medida repercutirán en varias décadas de gobierno y no solo en un año o una legislatura.
Otra de las exigencias incluida es la "compensación automática" por las reducciones de recaudación que pueden haber causado normas estatales "erróneas" que más tarde han sido impugnadas por el Tribunal Constitucional.
Pisarello ha valorado positivamente el anuncio que hizo la semana pasada la ministra de Administraciones Territoriales, Meritxell Batet, en relación con "suavizar" la regla de gasto, pero ha afirmado que "estos gestos deben concretarse".
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