Mar Marín
Buenos Aires, 17 jul (EFE).- El llamado "decreto Chevron", que engloba los incentivos a las petroleras dispuestos por el Gobierno argentino, y el acuerdo suscrito entre YPF y la multinacional estadounidense han desatado hoy las críticas de la oposición y han multiplicado los llamamientos a la transparencia.
El Gobierno de Cristina Fernández no ha revelado la "letra pequeña" del polémico acuerdo, que ha unido a izquierda y derecha en sus críticas y que ha provocado la condena de las comunidades indígenas.
El escueto comunicado en el que se anunció el martes la firma entre YPF y Chevron, que supone una inversión inicial de la petrolera estadounidense de 1.420 millones de dólares para la explotación de la gigantesca formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, no ha despejado las dudas sobre los términos del convenio.
El diario La Nación apuntó en su edición de hoy que se regirá por la legislación estadounidense y que la concesión a Chevron puede extenderse hasta por 35 años.
El premio Nobel de la Paz 1980 Adolfo Pérez Esquivel adelantó hoy que pedirá explicaciones a YPF para estudiar la presentación de un recurso de amparo y frenar la explotación de Vaca Muerta, que se extiende en un área de 30.000 kilómetros cuadrados que abarca cuatro provincias argentinas y que alberga a varias comunidades indígenas.
"Están sentando un antecedente jurídico sumamente grave. Tenemos que hacer un pedido formal a YPF para que nos entreguen los estudios sobre el impacto ambiental y saber sobre qué se basa para el acuerdo con Chevron", dijo Pérez Esquivel, que recordó que la petrolera estadounidense ha sido procesada por daños ambientales provocados por Texaco, hoy Chevron, entre 1964 y 1990.
También el exsecretario de Energía y ex director de YPF Daniel Montamat pidió hoy "transparencia" sobre los términos del acuerdo.
"Trascendieron sólo algunos detalles del acuerdo a través de un comunicado y la verdad que debiéramos conocerlos todos. El secretismo genera muchas especulaciones de uno y otro lado", declaró el exfuncionario a una emisora local.
A las voces que piden transparencia se unieron las legisladoras opositoras Fernanda Reyes, Magdalena Odarda y Beatriz Kreitman, que presentaron una solicitud de información a la secretaría de Energía.
"Solicitamos datos del acuerdo, como los métodos y planes de explotación", señaló Reyes a medios locales.
"Se están entregando nuestros recursos naturales a la misma multinacional que fue condenada por la contaminación de 2 millones de hectáreas en Ecuador, y que ha incumplido sistemáticamente los acuerdos de producción en nuestro país", agregó.
Además, el acuerdo "viola los convenios de derechos de los pueblos originarios", según portavoces indígenas, que lamentaron que el Gobierno argentino no haya consultado con las comunidades antes suscribir el convenio.
"Confiscaron a los españoles para regalar la empresa a los americanos", denunció hoy el diputado de la conservadora Propuesta Republicana (Pro) Julián Obiglio en protesta por el acuerdo con Chevron y en referencia a la expropiación, el pasado año, de las acciones de Repsol en YPF.
"De manera sigilosa se firman contratos y sancionan decretos sobre asuntos que resultan estratégicos", denunció el diputado radical Ricardo Alfonsín.
Las reservas de políticos y organizaciones civiles no han calado en la Bolsa de Buenos Aires, donde las acciones de las petroleras registraron hoy importantes subidas de la mano del llamado "decreto Chevron", que dibuja un nuevo marco fiscal para las petroleras vetado para cualquier otro sector de la economía argentina.
Entre los principales beneficios del nuevo esquema, las petroleras tendrán derecho a exportar el 20 % de la producción después de 5 años sin la tributación de derechos de exportación.
Además gozarán de la libre disponibilidad del 100 % de las divisas provenientes de la exportación de los hidrocarburos, siempre que hubieran antes ingresado al país divisas por al menos 1.000 millones de dólares.
Asimismo, obtendrán precios de exportación en el mercado interno cuando, como ahora, la producción nacional no alcance a cubrir las necesidades de abastecimiento.
YPF está en manos del Estado argentino desde el año pasado, cuando el Gobierno de Cristina Fernández expropió el 51 % de las acciones de la petrolera española Repsol. EFE
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