Madrid, 22 jul (.).- Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han pedido al Gobierno mayor concreción y protección ante las exigencias ambientales y distributivas que llegarán con la nueva Política Agraria Común (PAC) para garantizar la subsistencia de la agricultura y ganadería profesional.
La reunión, celebrada este jueves con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tenía por objetivo analizar los avances en la elaboración del plan estratégico para la aplicación de la PAC en España.
El encuentro para tratar los avances sobre una PAC que llega con 47.724 millones de euros de ayudas para el periodo 2023-2027 se ha celebrado la reunión técnica mantenida el miércoles entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y las comunidades autónomas para concretar la definición de los eco-esquemas, y que continuará en los próximos días.
Según ha explicado hoy el ministro a las organizaciones agrarias, una vez se precisen los ecoesquemas se celebrará una nueva Conferencia Sectorial, en otoño, con las comunidades autónomas.
El plan estratégico debe estar concluido antes de final de año para su remisión a la Comisión Europea (CE), que deberá aprobarlo en el primer semestre de 2022, con el objetivo de su aplicación el 1 de enero de 2023.
Por su parte, las organizaciones han pedido más detalles en la definición de estos eco-esquemas y que se tenga en cuenta a los agricultores y ganaderos familiares.
El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha precisado en declaraciones a Efe que sus principales peticiones han sido que la PAC se trabaje "más que técnicamente" y que no penalice a la agricultura profesional y al agricultor.
Para Barato, las medidas que "quedan por desarrollar tienen que ser claras, concisas y no penalizadoras para el sector agrario", en referencia a los eco-esquemas y la condicionalidad.
A su juicio, todavía falta mucha información sobre cómo se van a desarrollar, por lo que se mantienen a la espera de que el MAPA les dé más detalles y no solo se abogue por reuniones con las comunidades autónomas.
"Las comunidades autónomas son importantes, evidentemente, pero las organizaciones agrarias nacionales son los legítimos representantes y también tenemos bastante que decir", ha concluido.
La organización COAG ha defendido ante el ministro que, con los términos planteados en el documento base, el agricultor profesional tiene "todas las papeletas" para ser el gran perdedor, según ha explicado en un comunicado.
El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha criticado la nueva aplicación del término "agricultor activo", que "finalmente se aleja del agricultor profesional e incluye a todos los titulares de explotaciones aunque su actividad agraria sea insignificante".
"Se consolidaría así un trasvase de ayudas del verdadero profesional, que vive exclusivamente de su trabajo en el campo y genera desarrollo económico y social en el medio rural, a los falsos activos y absentistas que viven de otras actividades ajenas al sector", ha afirmado Blanco, quien considera que se perderá "el espíritu social de las ayudas redistributivas de la PAC".
Ha pedido que el ministro negocie en Bruselas que sólo los cotizantes a la Seguridad Social agraria puedan tener acceso a las ayudas redistributivas, acopladas y ecoesquemas, y ha considerado que la condicionalidad reforzada "puede lastrar la viabilidad económica" de las pequeñas y medianas explotaciones, si no va acompañada de medidas y presupuesto adicional para acometer una transición verde justa.
El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha defendido que la aplicación de los eco-esquemas sea "factible" para los agricultores y ganaderos familiares, y que el que quiera no se quede sin ellos, ha explicado en declaraciones a los medios tras la reunión.
"Sabemos que los eco-esquemas son voluntarios pero estamos hablando de una partida de un 23 o 25 % a la que la mayor parte de la gente va a querer acogerse", ha apuntado Ramos, quien ha avanzado que las organizaciones agrarias van a retomar reuniones para poner en común los puntos en los que concuerden.
Ha abogado por ayudas redistributivas que favorezcan a los que estén dados de alta en la Seguridad Social, pero que también tengan en cuenta a los agricultores jóvenes y se impulse la incorporación de la mujer al campo.
Ante el argumento de que haya gente que pueda falsificar la documentación para recibir más ayudas, ha insistido en que hay que "perseguir las trampas" y no parar esos alicientes.