Madrid, 30 mar (.).- Organizaciones y colectivos sociales que integran la Iniciativa Ley de Vivienda han llevado al Congreso las 60 enmiendas que, a su juicio, deberían introducir los partidos de izquierdas en la tramitación del proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, para que cuando se apruebe sea efectiva.
La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Cataluña, Carme Arcarazo, ha defendido una regulación que "sirva para equiparar los precios de los alquileres con los salarios" y ha dicho que si la ley no regula los alquileres ni prohíbe los desahucios "no merece la pena ser aprobada".
La Iniciativa Ley de Vivienda la integran unas 120 entidades, entre ellas los sindicatos de inquilinos, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el movimiento Nadie Sin Hogar, CCOO, UGT, CGT, el Consejo de la Juventud de España, la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe), la Red de Economía Alternativa y Solidaria (Reas) y la asociación de consumidores Facua.
Su intención es movilizarse durante la tramitación parlamentaria para "intentar incorporar al PSOE al consenso" con Unidas Podemos, ERC, EH-Bildu, CUP, BNG, Compromís y Más País.
El portavoz de UP, Pablo Echenique, ha dicho que hace suyas las "intenciones de mejorar la ley" de las organizaciones y que le parece "indispensable que no haya desahucios sin alternativa habitacional, garantizar que la regulación de precios es efectiva y obligar a los grandes tenedores a poner vivienda a disposición del alquiler social".
El portavoz de En Comú Podem, Joan Mena, ha coincidido en que lo mas importe es "garantizar la regulación efectiva de los alquileres, que se ha demostrado que es una medida efectiva en los sitios donde se ha podido aplicar, y evitar el máximo de desahucios posible, forzando a los grandes propietarios a aplicar medidas de alquiler social".
En nombre de la PAH, Pablo Morote, ha subrayado que quieren que la ley reconozca el derecho subjetivo de todos los ciudadanos y residentes en España a una vivienda, lo que supone poder reclamarlo ante las administraciones y en los tribunales, y ha recordado que en los dos últimos años se han producido 57.000 desahucios en España, a pesar del "escudo social" del Gobierno.
Para Miguel Carrera (Nadie Sin Hogar), el proyecto de ley del Gobierno es el "timo de la estampita", ya que "no solo no ofrece garantías judiciales para proteger el derecho a la vivienda, sino que no va a evitar los desahucios sin alternativa habitacional, ni a asegurar alquileres asequibles para la mayoría y su apuesta es subvencionar a los especuladores inmobiliarios".
En sus enmiendas, la Iniciativa Ley de Vivienda reclama que la limitación de las rentas en las zonas tensionadas no sea solo obligatoria para los grandes tenedores, sino para todos los arrendadores, y que sea de aplicación inmediata, no después de dieciocho meses, como dice el proyecto.
También propone que la declaración de una zona de mercado residencial tensionado pueda producirse por cualquiera de las circunstancias que recoge el proyecto de ley, no cuando se den todas juntas.
Estas son que la carga media de la hipoteca o del alquiler supere el 30 % de los ingresos medios o de la renta media de los hogares y que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado en los cinco años anteriores un crecimiento acumulado de al menos tres puntos porcentuales superior al acumulado del IPC de la comunidad correspondiente.
Asimismo pide que la vigencia de la declaración de una zona de mercado residencial tensionado sea de cinco años (en vez de tres), prorrogables anualmente, y que los ayuntamientos (no solo las comunidades autónomas) puedan declarar zona regulada su municipio.
Propone además, entre sus enmiendas, la prórroga automática de los contratos por siete años, si el arrendador es una persona física, o doce años si el arrendador es una persona jurídica (el proyecto de ley amplía la duración de los contratos de cinco a ocho años, si el arrendador es persona física, y de siete a diez años, si es persona física).
También, que el tramo estatal de desgravación en el IRPF al arrendador solo se aplique cuando la renta sea al menos un 15 % inferior a la del índice estatal de precios o, en caso de zonas tensionadas, por debajo del precio de referencia, y cuando se trate de viviendas inscritas como de alquiler social, y que los honorarios de las agencias inmobiliarias los asuman los propietarios.
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