Bruselas, 2 jun (.).- Los países de la Unión Europea (UE) defienden poder clausurar segmentos de sus propios mercados públicos si éstos se cierran a sus empresas en terceros países, según la posición que acordaron este miércoles en la negociación de un instrumento internacional de contratación pública.
"Si el mercado de adquisiciones de un país tercero está cerrado a las compañías de la UE, la UE podría cerrar segmentos de su propio mercado de adquisiciones como respuesta", indicó en un comunicado el ministro portugués de Exteriores, Augusto Santos Silva, cuyo país preside este semestre el Consejo de la UE.
Los embajadores de los Veintisiete ultimaron hoy su postura sobre el futuro instrumento, que debe negociarse con el Parlamento Europeo y que busca que la Unión esté mejor preparada para defender a sus empresas frente a prácticas discriminatorias y restrictivas en algunos de sus mayores socios comerciales.
"Un mercado de contratación abierto impulsará la competencia y la transparencia, reducirá los costes de los bienes y servicios públicos para los contribuyentes y minimizará los riesgos de corrupción", indicó el político portugués.
Entre las propuestas introducidas por la Presidencia portuguesa en la negociación destacan unos plazos más cortos y flexibles para realizar investigaciones y consultas, explicó el Consejo en un comunicado.
Se simplificaría el procedimiento para determinar el origen de los licitadores (más que de las ofertas en sí) y se podrían aplicar medidas de ajuste o de forma más excepcional la exclusión de un licitador (las medidas de ajuste podrían incluir criterios más allá del precio y se podrían aplicar con un rango de porcentaje).
Esta regulación sería aplicable únicamente en el caso de nuevos procesos iniciados tras su entrada en vigor, y sería revisada tras llevar un tiempo aplicándose, indicó el Consejo.
Igualmente, tendrá en cuenta las especificidades de las pymes autónomas y de aplicar excepciones bajo estrictas condiciones (debido a ciertas necesidades de políticas públicas o a un incremento desproporcionado de los precios o los costes).
La Comisión Europea presentó una primera propuesta sobre esta regulación en 2012 aunque no logró entonces suficiente apoyo del Consejo para salir adelante, de manera que en 2016 publicó una propuesta enmendada que todavía dividía a los estados miembros.
En 2019 se decidió reactivar el dossier y la Presidencia portuguesa ha logrado consenso entre los países para continuar las negociaciones con el Parlamento Europeo, el otro colegislador en esta materia, que a continuación deberá adoptar su posición antes de iniciar las negociaciones finales con el Consejo en verano.
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