Giovanna Ferullo
Panamá, 3 ene (EFE).- La ampliación del Canal de Panamá enfrenta un conflicto contractual que probablemente va a retrasar, nuevamente, la entrada en operaciones de la obra, pero que en ningún momento significa que la misma no será concluida.
Ese es el mensaje de tranquilidad que ha lanzado el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Jorge Quijano, ante las dudas surgidas en torno al proyecto tras el anuncio, esta semana, de que el consorcio encargado suspenderá las obras a partir del 20 de enero próximo porque no puede con "sobrecostos" cifrados en 1.625 millones de dólares.
"Nosotros nos comprometemos a terminar esta obra. Que el tiempo va a ser mayor ... pero esto se va a terminar, tenemos tres cuartas partes del trabajo listo", declaró Quijano en un encuentro con medios extranjeros acreditados en Panamá.
El programa de ampliación del Canal registra un avance total del 72%, mientras que el de la construcción del nuevo juego de nuevas esclusas un 65%, de acuerdo a la ACP.
Quijano, un ingeniero con 36 años de experiencia en la autónoma ACP, ha explicado que el contrato firmado con el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por la española Sacyr Vallehermoso, establece mecanismos que garantizan la culminación de la obra aunque el consorcio lo abandone.
El Grupo, que integran además la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, obtuvo en 2009 la concesión de la ampliación por un valor global de 5.250 millones de dólares, de los cuales 3.118 millones corresponde al contrato para la construcción de las nuevas esclusas.
En el peor de los escenarios, que sería la salida del GUPC y que una empresa de fianza no asuma el proyecto sino que pague a la ACP hasta 600 millones de dólares, la Autoridad cuenta con los fondos para asumir las obras y desarrollarlas a través de subcontratistas, dijo el alto ejecutivo.
La ampliación, que consiste en la construcción de un nuevo juego de esclusas que añadirán un tercer carril para el tránsito de buques con capacidad de hasta 12.600 contenedores, casi el triple de lo actual, debía estar lista en octubre de 2014, pero ya antes de la actual crisis el GUPC la había retrasado a junio de 2015.
Una de las principales razones para ello fue el reiterado rechazo por parte de los técnicos de la ACP de la mezcla de cemento que debía usarse en el vaciado de las estructuras de las nuevas esclusas del Canal, según el GUPC.
Quijano ha recalcado que lo conveniente, sobre todo por el tema de los tiempos de ejecución, sería que el consorcio "recapacitara", siguiera con las obras después del día 20 próximo, e hiciera sus reclamos económicos siguiendo el procedimiento establecido en el contrato.
El contrato prevé tres instancias para tramitar reclamos, la primera la ACP, en segunda una la Junta de Resolución de Conflictos (DAB, por sus siglas en inglés) y en tercera un arbitraje internacional.
Quijano ha dicho que una petición presentada por el consorcio en 2012 por "585 millones de dólares" está en la DAB, y que la ACP recibió otra el pasado 23 de diciembre, por "900 millones de dólares", que aún no ha podido entrar en estudiar porque le falta "mucha información".
El debate está en el procedimiento para hacer las peticiones económicas: mientras el GUPC aduce que no ha podido acordar con la ACP una forma de pago de los extracostos, la Autoridad dice que no puede aceptar la supuesta pretensión del contratista de negociar fuera del contrato unos montos que, además, no ha podido sustentar debidamente.
Además, la ACP asevera que el contrato firmado por las partes es "de precio fijo", y que las únicas cláusulas que permiten "ajustes" son una por aumento de precios del acero, diesel o cemento, y otra por alza de la plantilla panameña, conceptos por los cuales ya ha pagado 160 millones de dólares, cerca del 5 % del monto de contrato.
En una entrevista con la televisión española, ampliamente difundida en Panamá, el responsable de comunicaciones de Sacyr, Pedro Alonso, dijo que los sobrecostos son producto de "imprevistos" surgidos en el proyecto de las nuevas esclusas.
Cualquier otra empresa que hubiera asumido el proyecto de ampliación estaría ahora en las mismas dificultades, aseveró Alonso, que rechazó la posibilidad de que Sacyr asuma los sobrecostos y señaló que espera que la ACP cambie su actitud y reconozca los reclamos económicos.
Mientras las palabras reconsiderar y recapacitar son repetidas por las partes, que sin embargo se mantienen en su línea y sin ceder, al menos de momento, Sacyr sufre los embates del anuncio de la suspensión de las obras y sus acciones acumulaban una caída del 11,72 % hasta la mañana de este viernes.
Paralelamente, el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, intenta involucrar a los gobiernos de España e Italia, a los que considera con "responsabilidad moral" en el asunto porque dos de las contratistas son de esos países.
Ya el embajador de España, Jesús Silva, ha dicho a Acan-Efe que "el Gobierno español está dispuesto a mediar", y que Madrid "ha estado siguiendo desde el primer momento muy de cerca este proceso". ACAN-EFE