Paraguay es una tierra en disputa

César Muñoz Acebes

Asunción, 14 dic (EFE).- Si todos los títulos de tierra fueran legales en Paraguay, el país tendría más de 100.000 kilómetros cuadrados adicionales de terreno, una cifra que da una idea de la magnitud del conflicto agrario en la nación guaraní, donde un puñado de latifundistas ostenta la gran mayoría de las propiedades.

La tierra es la mayor fuente de riqueza en Paraguay, un enorme productor de alimentos que este año tendrá una cosecha récord, pero es también en el campo donde se concentra su mayor pobreza, que aflige al 44,8 % de los habitantes rurales, según los últimos datos de la ONU.

"El pequeño productor, que debería suministrar alimentos a las ciudades, es el que está en una mayor situación de inseguridad alimentaria", dijo a Efe Jorge Mesa, el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Paraguay.

Un reciente estudio de ese organismo apunta que un 22,3 % de la población del país ingiere menos calorías que lo necesario para llevar una vida sana. Se trata del tercer mayor porcentaje en el continente, tras Haití y Guatemala.

La paradoja es que Paraguay cuenta con enormes campos fértiles, que este año le permitirán exportar 7,5 millones de toneladas de productos de soja y 296.000 toneladas de carne y cueros, según la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex), una entidad estatal.

Esa producción se dirige principalmente al exterior, mientras que sus supermercados exhiben una sorprendente falta de variedad de verduras y frutas, que son los alimentos que en todo el mundo se cultivan en general en pequeñas y medianas plantaciones.

Uno de los inconvenientes es el dominio del latifundio. Paraguay es el país con la segunda mayor concentración de tierras en el mundo, ya que el 2,6 % de los propietarios detentan el 85,5 % de la superficie agraria, según la FAO.

"Cuanto mayor es la concentración de la tierra, menor es la seguridad alimentaria", dijo Mesa.

Una cuarta parte de esos grandes terratenientes son empresas o individuos extranjeros, según otro estudio de la FAO. La ley paraguaya prohíbe a nacionales de países limítrofes poseer tierras en la franja fronteriza, pero aun así más de un 60% de los terrenos en algunas zonas están en manos de foráneos, especialmente brasileños, de acuerdo con la FAO.

"Hay un problema de soberanía por la venta de terrenos", dijo a Efe Alain Saint-Saëns, director de Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte.

Una reforma agraria en Paraguay también requiere desmadejar el caos en los registros de propiedad, dado que la incertidumbre sobre el título de un terreno es un desincentivo para invertir en él y hacer un buen manejo ambiental.

Un tercio de la superficie arable del país fue adjudicado irregularmente durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-89) y los 15 años posteriores, según un informe de 2008 de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ).

La duplicación de registros explica que sumando los títulos de propiedad Paraguay cuenta con una extensión de 529.000 kilómetros cuadrados, mientras que en la realidad ocupa 406.752, según dijo el año pasado el entonces presidente Fernando Lugo.

Otro elemento fundamental para transformar el campo paraguayo es el apoyo a los pequeños agricultores, según la FAO. "El pequeño productor no está fortalecido, no recibe asistencia técnica, no tiene capacidad de invertir y el transporte de sus alimentos a los mercados no está garantizado". aseveró Mesa.

A su juicio, son necesarios programas de crédito, coberturas de riesgo y ayuda especializada, así como la extensión de las redes de salud y educación.

Esa labor debe ejercerla el Estado, opinó Mesa, pues el sector privado latinoamericano ha sido incapaz de incorporar a los pequeños campesinos a la cadena productiva.

El nuevo Gobierno paraguayo, de tendencia conservadora, prioriza ese apoyo a la producción como forma de abordar el problema agrario, en lugar de entrar en el controvertido reparto de tierra.

El ministro de Agricultura, Jorge Gattini, señaló que el mayor problema no es que los pequeños campesinos posean poca extensión de tierra, sino su baja productividad, por lo que el Gobierno pretende prestarles asistencia para mejorar las cosechas.

Eso reduciría el hambre en el campo y también llenaría los estantes de los supermercados en las ciudades. EFE