París, 12 jun (EFE).- El Gobierno francés pidió hoy a la empresa de telecomunicaciones Orange, cuyo presidente fue imputado hoy por estafa por la Justicia, que reúna "en el plazo más breve posible" a su dirección para examinar la situación en que queda la compañía.
El ministro de Economía y Finanzas, Pierre Moscovici, declaró además en un comunicado que toma nota de la decisión de los magistrados instructores competentes por la que el presidente de Orange, Stéphane Richard, recibió la imputación por "estafa en banda organizada"
La Justicia francesa anunció horas antes esa decisión contra Richard en relación con una presunta indemnización irregular concedida al empresario Bernard Tapie por la actual directora del FMI, Christine Lagarde, de la que el presidente de Orange era jefe de gabinete cuando ella era ministra y tomó la decisión de adjudicarle una compensación multimillonaria.
El empresario y político Tapie pidió una elevada indemnización al Estado al considerar que el banco Crédit Lyonnais, público en aquel momento, había vendido por un precio muy inferior al de mercado la empresa de equipamiento deportivo Adidas a mediados de la década de 1990.
La empresa le había sido embargada por sus problemas judiciales y atribuida al banco público para su venta.
Tras años de litigios, Lagarde decidió acudir a un arbitraje privado que en 2008 decidió conceder una indemnización al empresario de 403 millones de euros, muy superior a la que habían decidido los tribunales.
El presidente de Orange, que se mantiene al frente de la compañía a pesar de la imputación, tenía ese cargo junto a Lagarde cuando ésta era ministra de Economía (2007-2011) y se concedió la millonaria indemnización a Tapie que ahora está siendo investigada por la justicia francesa.
Moscovici declaró esta tarde que "la apreciación de las posibles incidencias de esta decisión en la situación del señor Stéphane Richard en el grupo Orange le corresponderá ahora al consejo de administración de la sociedad, que hay que convocar en el plazo más breve posible".
"Los representantes del Estado en el consejo de administración decidirán con relación únicamente al interés de la empresa", añadió el ministro.
El Estado galo tiene actualmente una participación de en torno al 27 % del capital de Orange, uno de los "pesos pesados" de la Bolsa de París y que tiene en todo el mundo unos 170.000 empleados. EFE