Panamá, 23 ago (.).- La Asamblea Nacional (AN-Parlamento) de Panamá aprobó hoy en tercer y último debate unas reformas de la ley que regula las contrataciones públicas, que ya el año pasado había sufrido unas modificaciones que el Ejecutivo vetó.
El director de Contrataciones Públicas, Eduardo Corro, dijo que el proyecto 305 aprobado por el pleno de 71 diputados busca lograr "un equilibrio entre la transparencia y la eficiencia, así como la equidad y la competencia en la contratación pública en Panamá".
Así lo indicó este miércoles un escueto comunicado de la AN, que no da detalles del contenido del proyecto legislativo aprobado.
Solo resalta que con la ley reformada "se fortalecen pilares fundamentales" como "mayor transparencia, mayor eficiencia, protección de los intereses económicos y financieros del Estado".
También que promueve una mayor participación de proveedores, empresas, personas naturales y jurídicas en las licitaciones públicas.
La ley 22 de 2006, que fue la reformada, es el estatuto general de las contrataciones públicas en Panamá, indicó la AN, y añadió que "establece las reglas y los principios básicos que rigen los contratos públicos que realizan las instituciones del Gobierno Central, entidades autónomas y semiautónomas, municipios, intermediarios, y financieras".
Además en los casos de "las sociedades anónimas en las que el Estado sea propietario del 51 % o 1.000 de sus acciones, así como los que se efectúen con fondos públicos o bienes nacionales".
La reforma a la ley de contrataciones públicas era una exigencia de la sociedad civil y de gremios empresariales panameños, en especial tras el estallido del escándalos de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, la principal contratista del Estado panameño.
Tras el veto presidencial, la propuesta de reforma permaneció engavetada en el Parlamento durante un año, como reprochó el pasado 31 de julio la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP), cuando pidió a los diputados que las modificaciones al texto en materia de transparencia y lucha contra prácticas corruptas fueran "profundas".
El proyecto de ley 305 fue aprobado inicialmente por la AN en abril de 2016, pero un mes después fue vetado parcialmente por el presidente del país, Juan Carlos Varela, para que el Legislativo reconsiderase aspectos como plazos en los contratos de urgencia o condiciones especiales para el sector de la salud.
Varela, sin embargo, no vetó el punto del proyecto que permite participar en procesos de contratación a empresas condenadas en el extranjero, un reclamo que mantienen sectores de la sociedad civil en el marco del proceso que impulsa para adecentar el Estado, en especial tras el escándalo de Odebrecht.
El presidente se refirió esa vez al artículo no incluido que generó la polémica y dijo que agregarlo al proyecto legislativo iba a afectar de "12 a 14 contratistas".
"Algunos ministros plantearon" que el "artículo que se quería incluir afectaba no a uno o dos, a más de 12-14 contratistas del Gobierno de medicina, de tecnología, de finanzas, que han sido sancionados en otros países, no era una decisión fácil", declaró el presidente a periodistas.