Bruselas, 29 sep (.).- El presidente de la Confederación General de Empresas de Marruecos (CGEM), Chakib Alj, afirmó este miércoles que las inversiones derivadas de los acuerdos de asociación y pesquero entre la Unión Europea y el país africano, sobre los que se pronuncia hoy el Tribunal de General de la Unión Europea (TGUE), benefician "directamente" a la población del Sáhara Occidental.
"Todo lo que se ha invertido, todo lo que se ha hecho en la región, beneficia directamente también a la población", declaró Alj durante una rueda de prensa celebrada en Bruselas, donde se encuentra de visita para reunirse con representantes de las instituciones comunitarias.
El presidente de la patronal insistió en que es la población saharaui "la que se beneficia de lo que hacen los operadores privados allí".
"Beneficia directamente a la población, así que si pierden la confianza (las empresas) no van a invertir y las consecuencias las va a pagar la población", aseveró.
"Una empresa puede hacer el equipaje y marcharse, y son cifras para ellos, pero la población se beneficia directamente de todo lo que pasa allí y todo lo que se ha invertido en la región", insistió.
Así, antes de que se hiciera pública la decisión del TJUE sobre los acuerdos pesquero y de asociación, Alj confió en que la sentencia fuera favorable a Marruecos "para aliviar a los inversores" y permitirles "invertir serenamente en la región".
"Creo que las exportaciones hacia Europa representan aproximadamente 500 millones de euros y afectan a una sexta parte de la población local. Así que creo que todos tenemos interés en que las cosas evolucionen en el buen sentido y que creemos riqueza", dijo.
"Las empresas marroquíes y extranjeras están instaladas allí y crean riqueza, y espero que esta sentencia vaya en la estela de lo que se ha hecho", señaló.
Como ejemplo de las inversiones que Marruecos ha realizado en el Sáhara puso el puerto de Dajla.
El TGUE falla hoy sobre la validez de los acuerdos de asociación y pesquero entre la Unión Europea y Marruecos, impugnados por el Frente Polisario, aunque su dictamen puede ser recurrido por cualquiera de las partes en un máximo de dos meses.
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