Antonio Torres del Cerro
Lisboa, 15 ago (EFE).- Pequeños accionistas afectados por la hecatombe del Banco Espírito Santo (BES) han iniciado una ardua batalla legal en la que intentarán responsabilizar del escándalo financiero al Banco de Portugal, a los auditores y a la antigua administración.
Se cuentan por millares los clientes que habían invertido miles de euros en acciones del BES, muchos de ellos en el último aumento de capital de junio, ya cuando las deudas ocultas de conglomerados del Grupo Espírito Santo (GES) hacían tambalear los cimientos del tercer mayor banco luso.
Y lo habían hecho con el respaldo de la máxima autoridad en cuestiones bancarias, el Banco de Portugal (BdP), que había avalado a la institución. Un mes y medio después, el BES se desmoronó y el propio BdP decidió que los accionistas perderían su capital al pasar a la parte "mala" del banco, la de los activos irrecuperables.
"Hoy parece indiscutible que en el BES se cometieron delitos y quien lo hizo tendrá que ser responsabilizado", dijo a EFE el abogado portugués Carlos Lucena, uno de los líderes del bufete luso Telles de Abreu, que asesora a decenas de pequeños accionistas, algunos de ellos españoles.
El BdP, los auditores privados y la administración del banco, con Ricardo Salgado a la cabeza, están en el punto de mira del gabinete de abogados, con sede en Oporto.
Lucena criticó especialmente la actitud laxa del BdP, el supervisor de los bancos obligado a intervenir cuando se detectan graves irregularidades.
"El Bdp sabe desde hace más de un año los problemas de deuda del BES y fue incapaz de controlar y frenar al descalabro. No se espera eso de un regulador", certificó el letrado especialista en derecho comercial, societario y financiero.
Pequeños accionistas e inversores en deuda a corto plazo de entre 30 y 95 años, que había invertido entre 6.000 y 40.000 euros, han acudido a los servicios de Telles de Abreu conscientes de que la batalla legal será larga y ardua.
Hay "sorpresa, repugnancia y enfado por los millares de afectados que desconocían los riesgos que corrían. Les colocaron obligaciones de firmas que quebraron", lamentó Lucena, en alusión al puñado de grupos que entró en incumplimiento por irregularidades de gestión y que pertenecía al conglomerado del Espírito Santo.
El Banco de Portugal es el rival más difícil al que los clientes se enfrentarán, pero el abogado portugués prometió "lucha, estudio y atención" ante una institución de peso, considerada "un pilar del régimen".
La complejidad de los procesos en causa -hay varias ramificaciones en países como Suiza o Luxemburgo- podrá conducir a un caso que demorará años en resolverse, teniendo además en cuenta la lentitud de la Justicia portuguesa, aseveró el letrado.
A estas iniciativas de justicia privada, se unió esta semana una petición pública con miles de firmas para solicitar una indemnización para los pequeños accionistas del último aumento de capital, celebrado el 11 de junio a 65 céntimos de euro por acción.
El BdP y la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM), el supervisor de la Bolsa, están en el ojo del huracán de la iniciativa propagada por la Asociación de Inversores y Analistas Técnicos del Mercado de Capitales (ATM) de Portugal.
También la Asociación de Clientes Bancarios (ABESD), creada a finales de julio, días antes del descalabro, está asesorada jurídicamente y promete lucha para proteger los intereses de depositantes, ahorradores e inversores.
La indignación de los pequeños accionistas se agrava con el sentimiento de incertidumbre que se cierne en el Novo Banco, escisión "buena" del extinto BES, reflotado con unos 4.000 millones procedentes de un crédito de la troika donde quedan fuera todos los accionistas y los inversores en bonos.
"El cuadro de constitución no está claro. Han venido a poner activos y pasivos de un lado a otro", refirió Lucena, cuyo bufete ya ha trabajado en la defensa de intereses de clientes en otro escándalo financiero, el del Banco Privado Portugués (BPP), que quebró en 2009.
Si las demandas tienen éxito, podrá haber penas de cárcel para los gestores involucrados en el derrumbe del BES y cuantiosas indemnizaciones sufragadas por el BdP, que funciona con dinero público.
"Nunca firmaré un proceso de representación si no creo que tengo bastantes posibilidades de éxito", concluyó el abogado.