Lima, 9 jun (EFE).- Las autoridades peruanas anunciaron este jueves que se ha acordado una tregua de 30 días en el conflicto que enfrenta a comunidades campesinas con la gran mina de Las Bambas, productora del 2 % del cobre del mundo, con lo que retomará sus operaciones, paralizadas desde abril pasado.
"La comisión oficial del Ejecutivo saludó el levantamiento de la medida de fuerza y reafirmó el compromiso del Gobierno para levantar el estado de emergencia y seguir avanzando hacia una solución integral en beneficio de las comunidades", señaló el Ministerio de Energía y Minas en Twitter (NYSE:TWTR).
La medida se acordó tras el reinicio del diálogo entre los representantes de las comunidades y de la minera, que opera la china MMG, y con la intervención del Gobierno y la Defensoría del Pueblo de Perú.
De esa manera se podrá retomar desde este viernes el transporte de cobre desde la mina, así como desarrollar una etapa de diálogo para intentar solucionar el conflicto que llevó a los comuneros a bloquear las vías de acceso y tomar terrenos de la mina tras denunciar el incumplimiento de compromisos asumidos por la empresa.
El Ministerio de Energía y Minas informó que durante el diálogo el representante de Las Bambas, Jing Ivo Zhao, confirmó que la empresa aceptaba la tregua planteada por las comunidades para el reinicio del transporte de concentrados y se compromete a no iniciar la construcción del tajo Chalcobamba durante este periodo.
UNA PROPUESTA DEL ALCALDE
La propuesta la hizo el presidente de la localidad de Fuerabamba, Edison Vargas, quien dijo que las comunidades buscaban que la mina continúe con sus operaciones mientras se instalan las mesas de trabajo "para una solución integral" a sus reclamos.
"El dirigente comunero señaló que la tregua iniciaría mañana 10 de junio, como muestra de que las comunidades tienen voluntad de llegar a consensos", destacó el Ministerio.
El acta suscrita confirmó posteriormente los términos del acuerdo y remarcó que la tregua fue propuesta por seis comunidades campesinas y que las mesas de trabajo deberán "determinar acuerdos y compromisos con un cronograma para su cumplimiento".
En ese sentido, las partes acordaron volver a reunirse el 20 de julio próximo "para evaluar los resultados del diálogo", mientras que el Ejecutivo se comprometió "a gestionar la derogatoria inmediata" del estado de emergencia (excepción) que se dictó en la zona cuando se agudizó el conflicto.
El Gobierno también prometió instalar una mesa técnica "para el acompañamiento y seguimiento" de los acuerdos y compromisos que se adopten, mientras que Las Bambas se comprometió "a realizar una evaluación y reestructuración de los funcionarios que participarán en las mesas de diálogo".
Este jueves, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) detalló que el diálogo se retomó en la localidad de Pumamarca y que se envió una comisión oficial hasta el lugar "para alcanzar consensos mediante el diálogo y avanzar en la solución del conflicto".
La comisión estuvo encabezada por la ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera, e integrada por los ministros de Justicia y Derechos Humanos, de Comercio Exterior y Turismo, de Transportes y Comunicaciones, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y del Ambiente.
El pasado 14 de abril, los pobladores de seis comunidades de la provincia de Cotabambas, en Apurímac, tomaron el yacimiento de Las Bambas para protestar por una serie de supuestos compromisos incumplidos por parte de la empresa gestora MMG.
La semana pasada, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se reunió con representantes de las comunidades y dijo que varias de sus demandas no son competencia del Gobierno y que, además de encontrar una solución, se debía "evitar desenlaces fatales" en la protesta.
Las comunidades afirman que retornaron a sus territorios comunales ancestrales, que vendieron a la minera Xstrata hace diez años, antes del ingreso de MMG a la operación, porque hay, al menos, 126 compromisos de desarrollo social incumplidos hasta la fecha.
Además, reclaman la entrega de 180 hectáreas de tierra para uso agrícola y rechazan que las comunidades de Chila y Choaquere hayan sido excluidas del área de influencia, después de también haber vendido sus terrenos para la operación de Las Bambas.