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Madrid, 12 feb (.).- Casi once meses después del inicio del primer confinamiento, Unidas Podemos (UP) ha propuesto al Gobierno inyectar 8.000 millones de euros en ayudas directas a pymes y autónomos de la hostelería, el pequeño comercio y otros sectores que acrediten una situación de "especial fragilidad".
En un comunicado, UP asegura haber remitido sendas cartas a las titulares de los Ministerios de Industria, Comercio y Turismo, y de Economía, Reyes Maroto y Nadia Calviño, respectivamente, en las que hace hincapié en la necesidad de medidas de apoyo específicas para "garantizar" la solvencia del sector hostelero en particular, al ser "uno de los más directamente afectados por las restricciones".
Unidas Podemos insta a "diseñar y poner en marcha un plan ambicioso" de ayudas directas, en coordinación con las comunidades autónomas, pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos, "más si cabe teniendo en cuenta la importancia económica y social del sector de la hostelería, el pequeño comercio y otros sectores afectados por las restricciones en nuestro país", añade.
Las citadas ayudas directas, según Unidas Podemos, tendrían carácter retroactivo y se prolongarían hasta final de este año, con carácter mensual y con una "tramitación ágil".
El plan se basa en la creación de un "fondo mixto" con una dotación inicial de 8.000 millones con dos tramos, uno estatal y otro autonómico, de 4.000 millones cada uno.
Las ayudas directas para las empresas de menos de 50 trabajadores se otorgarían, según el plan, a aquellas que acrediten una caída del 30 % en el volumen de facturación respecto al mismo mes de 2019 y recibirían una ayuda extraordinaria para cubrir el 75 % de los costes fijos en los que estén incurriendo, descontando aquellos costes fijos que hayan sido sufragados por otras ayudas.
Respecto a las micropymes, que conforman la mayoría de estos negocios, el porcentaje se elevaría hasta el 90 %.
Unidas Podemos propone también la moratoria por parte de la banca de obligaciones financieras por préstamos, arrendamientos financieros y otros productos bancarios vinculados a la actividad de pymes y autónomos, así como medidas dirigidas a "luchar contra la morosidad en los pagos que muchas grandes empresas adeudan a pymes y a personas trabajadoras autónomas".
En concreto, se propone una moratoria de 12 meses de suspensión de obligaciones sin intereses de demora.
UP recuerda que "la crisis económica derivada del impacto de la pandemia, a pesar del importante despliegue de medidas de apoyo por parte del Estado, ha dejado un saldo muy negativo en el tejido de la pequeña empresa".
Agrega que ese impacto "ha sido especialmente gravoso para las micropymes y para personas autónomas de menos de 30 años".
En su opinión, las grandes empresas "se están de facto financiando a tipo de interés cero y de manera forzosa a costa de los negocios más pequeños", un "abuso de posición dominante, que tiene que ver con la ausencia de un régimen sancionador eficaz que penalice proporcionalmente el incumplimiento de los plazos legales de pago".
Por ello, también propone el desarrollo de un régimen que regule "de forma expresa y clara las infracciones y las sanciones que se derivan del incumplimiento en el sector privado de los plazos, condiciones de pago y en general todo lo relativo a las obligaciones fijadas en la Ley , de 29 de diciembre".
Subraya que la activación de este sistema sancionador "debe ser lo más automático posible y no requerir necesariamente una denuncia de parte, puesto que ello podría implicar represalias por parte de grandes empresas contra pequeños proveedores que dependan económicamente de las mismas por tener un número reducido de clientes".