Polémica en Argentina por control "militante" de precios

Natalia Kidd

Buenos Aires, 23 may (EFE).- El anuncio de la presidenta argentina, Cristina Fernández, de desplegar militantes kirchneristas para vigilar los precios ha suscitado hoy el rechazo de opositores y consumidores ante una iniciativa que recuerda a experiencias de control de fraude y especulación en Cuba y Venezuela.

"Mirar para cuidar" es el eslogan de la campaña lanzada por Fernández, quien explicó que para "mirar" los precios de los supermercados y "cuidar" el "bolsillo del pueblo" desplegará en todo el país la "fuerza" de los movimientos políticos, sociales y juveniles.

Según Fernández, el objetivo es no dejar librado al azar el acuerdo de congelación de los precios de medio millar de productos que el Gobierno ha firmado con las cadenas de supermercados.

Hasta ahora el control de precios lo realizaban inspectores de la Secretaría de Comercio, pero la vigilancia "militante", que de momento el Gobierno no ha precisado cómo se implementará en los hechos, promete una observancia más amplia.

Las inspecciones "populares" eran, de todos modos, ya implementadas por organizaciones oficialistas por propia iniciativa, pero ahora pasarán a tener un cariz gubernamental.

"Veníamos haciéndolo en distintos puntos del país, así que es buenísimo que la presidenta lo transforme en una política pública", dijo Marcelo Köenig, de la Corriente Peronista Descamisados, en declaraciones a la prensa local.

El Sindicato de Amas de Casa de Argentina también ha celebrado la iniciativa y prometió sumar su fuerza en las recorridas "con lupa" por las góndolas de los supermercados.

Pero no todos han dado la bienvenida a esta idea de que sean los ojos de militantes políticos y no de inspectores profesionales los que "miren para cuidar", en especial la oposición.

"El Estado no puede 'desreponsabilizarse' de sus funciones; es el Estado el que tiene que cuidar que no haya comerciantes inescrupulosos, en todo caso, que aumenten indebidamente los precios", dijo hoy el diputado Ricardo Alfonsín, de la opositora Unión Cívica Radical.

En declaraciones radiales, el parlamentario afirmó que la idea es "insólita", "muy peligrosa" y hasta "intimidatoria" y cuestionó su legalidad.

En similar sentido se pronunció el diputado Federico Pinedo, de Propuesta Republicana (Pro), quien recordó que "los controles de precios son informales y están contra la ley" y sostuvo que "el control por grupos partidarios es más Estado policial y menos estado de derecho".

"Esto se parece cada vez más a Venezuela, donde los controles de precios terminaron con la desaparición de productos básicos como el papel higiénico", señaló Pinedo.

En la Venezuela del fallecido Hugo Chávez, muchas veces el Gobierno ha llamado al control "popular y social" para combatir la "especulación".

Hace un año, exactamente, el Gobierno venezolano instó a los consumidores a fiscalizar los comercios en su obligatoriedad de exhibir los costos de los productos.

El Gobierno de Cuba, por su parte, echó mano en 2005 de miles de jóvenes "trabajadores sociales" para sustituir temporalmente a los empleados de las gasolineras como parte de una cruzada contra el fraude en la venta de combustible.

La campaña "mirar para cuidar" anunciada por Fernández tampoco ha sido recibida con aplausos por las asociaciones de consumidores, que más bien creen que todo quedará en puro "voluntarismo".

"El poder de policía lo tiene el Estado. ¿Qué sanción se va a aplicar cuando se encuentre que aumentaron los precios en los supermercados?", se preguntó la presidenta del Centro de Educación al Consumidor, Susana Andrada.

En declaraciones radiales, Andrada aseguró que las inspecciones realizadas ya por la Secretaría de Comercio Interior "fracasaron" y criticó al Gobierno por "negar siempre la inflación".

Según cifras oficiales, los precios al consumidor en Argentina subieron en abril un 10,5 % frente al cuarto mes de 2012, pero para consultores privados el crecimiento real registrado en ese lapso fue del 23,67 %, porcentaje este último cercano a las subas salariales que el Gobierno convalida en las negociaciones en curso entre sindicatos y empresas. EFE