Paula Fernández
Lisboa, 23 dic (.).- Portugal ha abierto la puerta a revisar en 2020 su régimen de "visados de oro", que se conceden a aquellos extranjeros que realicen inversiones millonarias en el país y que, tras generar la entrada de cerca de 5.000 millones de euros, levanta dudas en términos de seguridad, blanqueo y corrupción.
Desde que el régimen entró en vigor en 2012, Portugal ya ha otorgado más de 8.000 visados de este tipo, más de la mitad para ciudadanos de China, aunque no existe una lista pública en la que se pueda consultar quiénes son.
Por ámbito de aplicación, se pueden otorgar a extranjeros que transfieran al menos un millón de euros a Portugal, que creen 10 puestos de trabajo o que inviertan como mínimo 350.000 euros en investigación científica o en patrimonio cultural o artístico.
Pero la opción más escogida por los inversores es la compra de inmuebles por más de 500.000 euros, que aglutina el 95 % de los casi 5.000 millones captados durante el programa desde su nacimiento.
Esto ha contribuido también al aumento excesivo de los precios de la vivienda en el país, lo que ha generado dudas sobre si realmente está beneficiando a la economía portuguesa.
Una preocupación que escaló en enero de 2019, cuando la Comisión Europea publicó un informe en el que identificaba riesgos de seguridad y falta de transparencia. En marzo, el Parlamento Europeo apeló a los Estados miembros a que revocasen estos programas, cuyas ventajas "no compensan los serios riesgos de seguridad, blanqueo de capitales y evasión fiscal".
Coincidían así con la organización Transparencia Internacional (TI), que un año antes ya había divulgado un duro informe en el que alertaba de que los visados para inversores podían ser utilizados por criminales y corruptos.
"Es una vía rápida para conseguir la residencia en Europa y acceso al espacio Schengen. Los procesos son más simples y hay menos control y más dificultad en ver quiénes son, de dónde vienen o cuál es su registro criminal", dijo a Efe Susana Coroado, vicepresidenta de la rama portuguesa de TI, Transparencia e Integridad.
La organización lleva más de un año detrás del Ministerio de Administración Interna luso para que le remitan más informaciones sobre el programa y, ante la falta de respuesta, presentó una queja ante la Comisión de Acceso a los Documentos Administrativos.
La Comisión acabó dando la razón a Transparencia e Integridad, que ahora mantiene el conflicto en los tribunales.
En este contexto, el Gobierno luso ha decidido revisar el próximo año este programa de visados para modificar sus áreas de aplicación, un compromiso recogido en el borrador de los Presupuestos del Estado para 2020.
La idea es, recoge el documento, "favorecer la promoción de la inversión en las regiones de baja densidad, así como la inversión en la rehabilitación urbana, el patrimonio cultural, las actividades de alto valor ambiental o social, la inversión productiva y la creación de empleo".
El Gobierno de Antonio Costa no menciona si, con los cambios que se planean, se pretende además atajar los riesgos sobre los que han alertado tanto las altas autoridades europeas como organizaciones especializadas en el combate a la corrupción.