Lisboa, 24 abr (EFE).- El Gobierno portugués anunció hoy la derogación de la orden que congeló el gasto público, dos semanas después de su entrada en vigor y tras la aprobación de recortes presupuestarios por 800 millones euros.
Durante una intervención en el Parlamento, el ministro de Finanzas, Vítor Gaspar, informó hoy de que ya se ha comunicado a los diferentes ministerios el levantamiento de esa prohibición que impedía a las administraciones cualquier tipo de desembolso que no estuviera previsto con anterioridad.
La decisión del Ejecutivo luso se produjo unos días después de la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló varios ajustes incluidos en los Presupuestos de 2013, valorados en unos 1.300 millones de euros y que obligó a adoptar otros recortes.
La congelación del gasto público, que levantó críticas entre responsables de instituciones docentes, sanitarias y organismos de la Administración se interpretó como una muestra del compromiso del Gobierno conservador luso en cumplir su programa de austeridad mientras estudiaba cómo compensar el fallo del Constitucional.
Tras anunciar la semana pasada recortes presupuestarios generalizados en el sector público por 800 millones, junto a otras medidas de ahorro aún no detalladas para cubrir los otros 500 millones en falta, el Ejecutivo luso analiza ahora las medidas concretas ministerio por ministerio.
Según las declaraciones de varios miembros del Gobierno habrá recortes en sanidad, educación, Seguridad Social y empresas públicas y se generaran, además, ahorros mediante reprogramaciones de proyectos con fondos europeos así como inversiones y adjudicaciones público-privadas.
El fallo del Constitucional contra varias medidas de austeridad de 2013 puso "en riesgo", según el Ejecutivo, la aspiración lusa de obtener siete años más en el vencimiento de los préstamos de su rescate financiero, que logró un primer apoyo de los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofín) hace diez días.
En ese contexto y antes de acudir a la cita europea, el ministro luso optó por congelar el gasto público sin previo aviso, al tiempo que subrayaba el empeño de Portugal en respetar los compromisos de su programa de ayuda financiera externa.
Gaspar aseguró hoy en el Parlamento que "fue alcanzado el objetivo" de esa disposición, una vez que el Ecofín acabó por dar su visto bueno inicial al alargamiento de los plazos de devolución del rescate financiero, una concesión de la que también disfrutará Irlanda.
Pero en Portugal, portavoces de médicos, profesores y funcionarios, así como dirigentes de la izquierda e incluso figuras de la alianza conservadora de Gobierno, hicieron público su rechazo a esa decisión del Ejecutivo conservador y alertaron de los problemas que generaba en la prestación de servicios públicos.
La imposibilidad de comprar productos básicos como gasolina para vehículos oficiales, papel higiénico o tinta para las impresoras generaron fuertes críticas.
Portugal atraviesa la peor crisis de su historia reciente con la economía en recesión por tercer año consecutivo y el desempleo en niveles inéditos, por encima ya del 17 %.
El Gobierno aplica entretanto con gran rigor el programa de ajustes presupuestarios y reformas acordado con la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio del rescate. EFE