La Paz, 3 may (.).- La Defensoría del Pueblo de Bolivia advirtió este martes sobre la falta de acciones del Estado para controlar y reducir el uso de mercurio en la minería aurífera que se ha incrementado de forma preocupante en los últimos años con efectos nocivos sobre todo para los pueblos indígenas.
Estas consideraciones se encuentran en el informe "Estado de Implementación y Cumplimiento del Convenio de Minamata sobre el Mercurio 2017-2022" presentado por la defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz.
Cruz recordó que el Estado boliviano firmó en 2013 el Convenio de Minamata, un acuerdo internacional que regula el impacto del mercurio en la salud y el medioambiente, y lo puso en vigor en agosto de 2017.
"Desde ese momento, pocas acciones se han asumido respecto a la minería aurífera", la principal actividad que emplea el mercurio en su cadena productiva, indicó.
La revisión de la información oficial reveló "datos bastante preocupantes" como la "alarmante" cantidad de mercurio que ha ingresado al país en los últimos años, señaló.
Según Cruz, en 2010 el volumen de mercurio importado era inferior a las dos toneladas y desde ese año hasta 2014, la cifra anual "nunca llegó a superar las 16 toneladas".
Sin embargo, a partir de un nuevo marco jurídico minero dispuesto en 2015, la importación de mercurio "se dispara" a un promedio de 150 toneladas anuales, apuntó.
El último inventario nacional de fuentes de emisión de mercurio, que data de 2017, pone en evidencia que la minería aurífera es "responsable de más del 80 % de las liberaciones de mercurio en el ambiente".
La defensora sostuvo que a esa área se le debe prestar mayor atención, ya que además hubo un fuerte incremento en la extracción de oro entre 2015 y 2020, con un promedio de explotación anual de 20 toneladas y un pico de 42 toneladas en 2019.
De las más de 2.000 cooperativas mineras que operan en Bolivia, el 70 % son auríferas, "siendo este sector el que extrae el 97 % de oro del país", acotó.
(foto)