San Juan, 30 jun (.).- Puerto Rico cumple hoy un año de la entrada en vigor de la ley que aprobó Washington para, por medio de una entidad de control al Ejecutivo local, reestructurar la deuda y poner la bases para el crecimiento económico, sin que 12 meses después se vean señales de recuperación.
El aniversario coincide con la celebración hoy en Puerto Rico de la octava reunión pública de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que aprobó en su reunión a la solicitud de quiebra de la Autoridad Eléctrica Estatal (AEE) de Puerto Rico, que tiene una deuda de unos 9.000 millones de dólares, y certificó el Presupuesto para la isla.
El entonces presidente de EEUU, Barack Obama, firmó un 30 de junio de 2016 la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), el instrumento con el que se pretendía poner solución a una deuda de 70.000 millones de dólares que amenazaba con el colapso.
El Congreso estadounidense, ante la esperada batería de demandas por parte de los acreedores que se avecinaba, aprobó Promesa, una ley que estableció una Junta de Supervisión Fiscal, entidad que se superpone al Gobierno local, algo que fue recibido en algunos sectores de la isla como una prueba de un estatus colonial.
Un año después de esa fecha, el Gobierno que lidera Ricardo Rosselló, en el cargo desde enero, y la Junta de Supervisión están enfrentados debido a que la entidad de control al Ejecutivo entiende que no se han realizado los recortes suficientes de cara al nuevo presupuesto que entra en vigor mañana.
El Plan Fiscal, documento que establece la política financiera del Gobierno para contar con un presupuesto equilibrado y sin déficit, aprobado en marzo por la Junta de Supervisión, incluía la posibilidad de reducir la jornada laboral de funcionarios y la eliminación de la paga de Navidad, una opción que pretende incluir la entidad de control y a la que se opone Rosselló.
La medida crea inquietud entre la población, que el Gobierno no quiere se traduzca en un mayor malestar entre la ciudadanía.
La presidenta de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, Martha Quiñones, dijo a Efe que el resumen que mejor describe la situación un año después es el de que ha empeorado.
"El Plan Fiscal no tiene rutas hacia el desarrollo", apunta la economista, para quien ese documento, que debe ser la guía para dejar atrás una profunda crisis económica que se prolonga desde hace más de una década, tiene como objetivo dar entrada a empresas que inicien un proceso de privatización.
La cabeza visible de los economistas de la isla asegura que el actual enfrentamiento entre Ejecutivo y Junta de Supervisión es un "teatro", ya que si realmente hubiese voluntad el Gobierno llevaría a la entidad de control a los tribunales por tratar de imponer su voluntad.
Quiñones sostuvo que lo que hay actualmente sobre la mesa, un año después de la firma de Promesa, es un empeoramiento de la economía y una emigración sin freno, facilitada por el hecho de que los puertorriqueños, como ciudadanos estadounidenses, no tienen más que hacer las maletas para tomar un vuelo a cualquier ciudad de EEUU.
Según datos de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, el Producto Nacional Bruto (PNB) de la isla cayó durante 2016 un 1,1 por ciento, lo que empeora la cifra de 2015, cuando se redujo en un 0,7 por ciento.
Además, el Índice de Actividad Económica de Puerto Rico, que se elabora con las variables de empleo, generación eléctrica, consumo de gasolina y venta de cemento, cayó en el periodo comprendido entre los pasado meses de julio y mayo un 2,1 %.
Promesa fue aprobada en el Congreso después de que en agosto de 2015 el Gobierno que entonces lideraba Alejandro García Padilla incurriera en un primer impago a los acreedores, al que siguieron nuevos incumplimientos durante meses.
Puerto Rico no podía acogerse a la ley de bancarrota federal de EEUU, lo que facilitó la aprobación de Promesa, una ley que incluye en su Título III un tipo de proceso de quiebra
El título III, un híbrido entre los capítulos 9 y 11 del Código de Quiebras de EEUU, paraliza todas las demandas judiciales y, tras la presentación de reclamaciones de acreedores y objeciones del deudor -en este caso el Gobierno-, deja en manos de un tribunal las decisiones sobre el pago.
Bajo ese mecanismo están ya acogidos, entre otros, la autoridad de carreteras, la eléctrica estatal y el sistema de retiro de los funcionarios.