San Juan, 1 mar (.).- El Gobierno de Puerto Rico pidió en el Plan Fiscal presentado a la Junta de Supervisión, entidad impuesta por EEUU para tratar el problema de la deuda, que se prolongue hasta finales del presente año la moratoria que impide que los acreedores de la isla lleven sus demandas a los tribunales.
El representante del gobernador de Puerto Rico ante la Junta de Supervisión, Elías Sánchez, señaló en conferencia de prensa que esa petición se incluye en el Plan Fiscal presentado a última hora de la pasada noche a la entidad de control y divulgado hoy a la prensa.
La Junta de Supervisión había puesto de límite hasta el martes para que el Ejecutivo que encabeza Ricardo Rosselló presentará un Plan Fiscal que sirviera de guía para cuadrar el presupuesto de los dos próximos años, lo que incluye recortes por valor de 4.500 millones de dólares para acabar con el déficit.
La Junta de Supervisión ya había prolongado la moratoria que "congela" las demandas judiciales a solicitud del Gobierno de Puerto Rico hasta el próximo 1 de mayo.
Sánchez sostuvo que ese tiempo es necesario para alcanzar un acuerdo de reestructuración con los acreedores de la deuda, que ronda los 70.000 millones de dólares.
El acuerdo, aclaró, es posible a través del título VI, que establece negociaciones entre el Gobierno y los tenedores de sus bonos al margen de los tribunales, de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés).
La Junta de Supervisión es una entidad establecida tras la aprobación el pasado verano por parte del Congreso en Washington de Promesa ante la imposibilidad del Gobierno local de pagar la deuda a sus acreedores.
La falta de liquidez de las arcas públicas fue el golpe definitivo a una década de profunda crisis económica, cuando en enero de 2015 el Gobierno incurrió en su primer impago al no abonar un vencimiento de 37 millones de dólares, al que siguieron otros los meses siguientes.
En cuanto al reconocimiento que hizo Rosselló el martes, durante su mensaje de situación del país, de que el Gobierno no llegará a los recortes exigidos por valor de 4.500 millones de dólares -el gobernador precisó que su Plan Fiscal se queda 850 millones de dólares por debajo-, Sánchez matizó que en realidad sí se cumplirá, pero que la Junta erró en sus cálculos de crecimiento.
Sánchez, utilizando el mismo argumento que el gobernador, dijo que la Junta de Supervisión, a la hora de marcar sus exigencias entiende que la economía de la isla caerá el próximo año un 17 %, algo que calificó de inaudito para cualquier territorio del mundo.
"Hay cero evidencias de una caída de la economía del 17 %", dijo, tras apuntar que el crecimiento será superior a esas proyecciones y que, junto a las medidas que va a implementar su Gobierno, facilitará generar los 850 millones de dólares que faltan para llegar a la cifra exigida por la Junta de Supervisión.
El Plan Fiscal presentado incluye como medidas más destacadas una bajada de las pensiones de los funcionarios, aunque solo en las que superen los 2.000 dólares mensuales.
Los ajustes del plan para aumentar la recaudación traerán además un aumento del 10 % en los seguros obligatorios de los automóviles y de las multas de tráfico en otro 10 %.
Aumentará el impuesto de la propiedad, se redoblará el control en el gasto de los planes públicos de salud y se fiscalizará con mayor rigor la evasión fiscal.
La Junta de Supervisión solo ha dicho de momento estudiará durante los próximos días el Plan Fiscal, aunque medios locales señalan que la entidad de control prepara desde hace semanas una alternativa en caso de no aceptar el presentado por el Ejecutivo.
Sánchez dijo sobre la posibilidad de que no sea aceptado el Plan Fiscal del Gobierno que no hay razón para que no se apruebe y que se cumplieron los criterios exigidos.